Una mayoría de europarlamentarios, en el mismo día de la ceremonia entre los Jefes de Estado de España y Portugal para celebrar los 40 años de la entrada de Iberia a la Unión Europea, han cometido un grave error geopolítico y una falta de respeto a la diplomacia ibérica al judicializar el acuerdo de Mercosur-UE. Este comportamiento infantiloide mina la credibilidad de la política exterior europea ante los países del Mercosur que han tenido una paciencia infinita con la UE. Es una afrenta al coraje de Lula de recuperar las negociaciones.
El Consejo Europeo debatirá, hoy mismo, si mantiene la aplicación provisional del Tratado, que es potestad de la Comisión Europea. La aplicación se produciría a partir del momento en que los parlamentos sudamericanos lo hayan ratificado y hasta que haya una resolución judicial definitiva. El populismo de izquierdas, de derechas y nacionalista se han unido para castrar la posibilidad de resistencia de la Unión Europea como poder autónomo. Todo por dejarse llevar por lobbies y prejuicios agros y anti-iberoamericanos. Una excelente noticia para Trump y Putin, para Vox y Podemos. Ya veremos, más adelante, si esta operación significa un retraso efectivo o no.
En el actual escenario de fragmentación geopolítica, la Unión Europea se enfrenta a una decisión que definirá su papel en el siglo XXI: ceder ante las presiones corporativistas de corto plazo o consolidar su naturaleza como un imperio heterodoxo y democrático que pinte algo en el mundo. Esta concepción de la UE no busca la dominación territorial clásica, sino la expansión por métodos de libre adhesión. El acuerdo con el Mercosur no es solo un tratado comercial, sino un movimiento estratégico para proyectar estos valores en un mundo que se inclina peligrosamente hacia el aislamiento y la ley del más fuerte.
Sin embargo, el lobby agrario europeo (principalmente el francés y el no-exportador) ha levantado un muro de resistencia basado en el miedo a perder mercados cautivos. El argumento de la supuesta «invasión» de productos sin control sanitario cae por su propio peso. Es falsa. El acuerdo es progresivo, con cuotas, y con control sanitario. El debate sobre la regulación de los pesticidas y las exportaciones europeas de los mismos al Mercosur es en otra ventanilla. Es legítimo ese debate, pero ese tiene que ser un acuerdo interno de la UE, porque no se puede exigir a terceros países que asuman nuestros reglamentos. Cada país, cada bloque, tiene producciones con diferentes destinos y grados de desarrollo, además de soberanía. Una cosa es un acuerdo de libre comercio y otra una integración total.
La urgencia de cerrar el pacto con el Mercosur se ha multiplicado exponencialmente tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Su retórica transaccional y agresiva ha vuelto a poner a Europa en la diana. Desde las renovadas amenazas de comprar Groenlandia —un ataque directo a la integridad territorial de un Estado miembro de facto y a la soberanía danesa— hasta aranceles adicionales a los pactados en el tratado desigual, firmado con la UE, que contravienen incluso dicho tratado. En Davos, Trump acaba de decir que no pondrá aranceles a los países europeos solidarios con Dinamarca. De nuevo, un tacticismo que no merece crédito y que supondrá probablemente el cobro de una nueva factura vía vasallaje colonial interno de la neoOTAN.
Frente a unos Estados Unidos que ven la geopolítica como un juego de suma cero y que utiliza la coacción económica como arma de negociación, la Unión Europea debe actuar con la determinación de un «imperio democrático», pero no ingenuo. No podemos permitirnos ser una isla de libre comercio rodeada de muros. La firma con el Mercosur es la respuesta de «autonomía estratégica» necesaria para no depender de los caprichos de una administración estadounidense que hoy cuestiona incluso la existencia de la OTAN. Para que la UE sobreviva en este entorno hostil de «geoeconomía armada», no basta con firmar tratados, sino que es imperativo aplicar con rigor la Legislación Anticoerción (ACI). Este instrumento permite a la Unión responder de manera proporcional cuando potencias extranjeras intentan forzar un cambio de política mediante medidas comerciales unilaterales.
La reivindicación de sectores del agro se debe concentrar en reducir algunas regulaciones internas de la UE y no en rechazar la ampliación de mercados. Incluso puede establecer inversiones y socios a ambos lados del Atlántico. El agro europeo continuará protegido por subvenciones y cuotas, independientemente de los acuerdos de libre comercio. Un acuerdo es bueno si potencialmente supone un crecimiento neto para las dos partes. En este caso lo es económicamente y políticamente. La oposición a este acuerdo es reaccionaria y suicida.
La prosperidad de la UE se nutre de la apertura. El acuerdo creará nuevos mercados, cuyos productos dejarán de ser de lujo, para beneficio de consumidores y empresas. Para el sector agroalimentario español, esto significa acceso preferente a 260 millones de consumidores y la protección de las Indicaciones Geográficas (vinos, aceites, quesos), evitando el fraude. El Grupo Rioja y la Federación Española del Vino (FEV) ven positivo, en general, el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur para la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja y ponen el foco en Brasil, «un mercado potencial» para los vinos de esta denominación, en especial, de cara al futuro.
Si la UE aspira a ser ese «imperio heterodoxo» capaz de ofrecer un modelo alternativo al autoritarismo o al mercantilismo agresivo de Trump, debe estrechar lazos con el Atlántico Sur. Rechazar el acuerdo Mercosur no protegerá a nuestros agricultores; por el contrario, los dejará desarmados en un continente empobrecido y aislado. Es hora de elegir la apertura estratégica y el uso valiente de nuestros instrumentos de defensa económica por encima del miedo. El proteccionismo agrario es, en el fondo, una invitación a la irrelevancia.
Pablo González Velasco