La historia tiene una cierta inclinación por las paradojas. A menudo, las ideas que después parecen inevitables nacen en lugares improbables, formuladas por personajes incómodos y en momentos en los que casi nadie está preparado para escucharlas. El iberismo moderno, entendido como la idea de una unión política de la Península Ibérica concebida en términos contemporáneos, responde bastante bien a ese patrón.
La historiografía ha situado con frecuencia sus orígenes en la Guerra de la Independencia, cuando españoles y portugueses, enfrentados al mismo invasor napoleónico, descubren intereses comunes y una cierta conciencia peninsular compartida, cuya expresión política acabaría cristalizando en las distintas corrientes iberistas surgidas a lo largo del siglo XIX. Pero el primer planteamiento verdaderamente moderno de una unión ibérica es anterior. Y nace, paradójicamente, fuera de la Península.
En diciembre de 1792, en la Francia revolucionaria, un sevillano exiliado llamado José Marchena redacta una carta dirigida al ministro de Exteriores de la recién proclamada República francesa, Pierre-Henri Lebrun. En ella propone algo extraordinariamente avanzado para su tiempo: la creación de una república ibérica unificada que sustituyera a las monarquías de España y Portugal. No era una ocurrencia literaria ni un ejercicio abstracto de filosofía política. Marchena escribía en uno de los momentos más explosivos de la Europa moderna.
La monarquía francesa acababa de ser abolida. Luis XVI esperaba juicio. La Revolución había dejado de ser un fenómeno interno para convertirse en un proyecto expansivo. Francia, tras las victorias de Valmy y Jemappes, empezaba a pensar no ya en sobrevivir, sino en reorganizar Europa. En ese contexto, la Convención aprobó los llamados “decretos de fraternidad”, ofreciendo apoyo a los pueblos que quisieran liberarse del absolutismo. Las monarquías europeas entendieron inmediatamente lo que aquello significaba: no solo una amenaza militar, sino ideológica.
España reaccionó con creciente hostilidad. Carlos IV y Godoy endurecieron la censura, persiguieron la propaganda revolucionaria y aproximaron la monarquía española al bloque contrarrevolucionario europeo. Portugal, aliado tradicional de Gran Bretaña y gobernado formalmente por María I, aunque cada vez más bajo la influencia del futuro João VI, compartía idéntico temor hacia la Revolución. Es precisamente en ese instante, cuando la ruptura entre la Francia revolucionaria y las monarquías ibéricas parece inevitable, cuando Marchena formula su propuesta.
Y conviene detenerse un momento en el personaje, porque José Marchena pertenece a esa categoría de figuras difíciles de clasificar que la historia oficial nunca termina de digerir del todo. Nacido en Utrera (Sevilla) en 1768, formado en Salamanca y perseguido durante su juventud por sus ideas, Marchena se vio forzado al exilio y fue uno de los españoles más profundamente involucrados en la Revolución francesa. Traductor de Rousseau, Voltaire y Montesquieu, colaborador de los girondinos y cercano a figuras como Brissot o Sieyès, participó activamente en la vida política revolucionaria. Fue encarcelado durante el Terror jacobino y sobrevivió por poco a las purgas de Robespierre. Más tarde colaboró con el régimen termidoriano e incluso apoyó el golpe de Brumario que llevó a Napoleón al poder. Su biografía explica bastante bien por qué resultó tan incómodo para la historiografía española posterior: demasiado revolucionario para unos, demasiado afrancesado para otros y excesivamente heterodoxo para casi todos. Pero precisamente esa posición fronteriza le permitió imaginar una solución política que muy pocos en la Península podían todavía concebir.
Lo verdaderamente interesante de la carta a Lebrun es que Marchena no propone simplemente una alianza entre España y Portugal ni una reedición de antiguas fórmulas dinásticas como la Unión Ibérica de los Austrias. Lo que plantea es algo radicalmente moderno: una nación ibérica republicana basada en principios de soberanía popular y representación política. Ahí reside la verdadera novedad histórica de su propuesta.
Porque la Península había conocido ya múltiples experiencias de unidad política: la Hispania romana, al-Ándalus o la propia unión dinástica entre 1580 y 1640. Pero ninguna de ellas respondía todavía al concepto moderno de nación política nacido de la Ilustración y de las revoluciones atlánticas. Marchena traduce por primera vez la vieja idea de unidad peninsular al lenguaje político contemporáneo. Y lo hace además dentro de una lógica típicamente revolucionaria.
La Francia de finales del XVIII defendía la reorganización de Europa según las llamadas “fronteras naturales”: grandes unidades geográficas coherentes delimitadas por montañas, mares o grandes ríos. Francia justificaba así su expansión hacia el Rin, los Alpes o los Pirineos. Vista desde esa mentalidad racionalista, la Península Ibérica ofrecía un caso casi paradigmático: una unidad geográfica compacta, delimitada por los Pirineos y rodeada por el mar, cuya frontera interior, la Raya hispano-portuguesa, carecía de un gran accidente natural que justificara la existencia de dos Estados separados. Marchena lleva esa lógica hasta sus últimas consecuencias.
Naturalmente, el iberismo posterior sería mucho más complejo, diverso y contradictorio de lo que podía imaginar aquel sevillano exiliado de 1792. Pero resulta difícil no ver en su propuesta el primer antecedente plenamente moderno del iberismo republicano que más tarde defenderían figuras como Pi y Margall, Castelar, Salmerón o, desde Portugal, Henriques Nogueira. Quizá ahí reside la verdadera paradoja histórica: que el primer iberismo contemporáneo no naciera ni en Madrid ni en Lisboa, sino en la Francia revolucionaria; no como nostalgia dinástica, sino como proyecto republicano; no como recuerdo del pasado, sino como anticipación política del futuro.
Pablo Revilla Trujillo