El debate iberista da un salto cualitativo con la irrupción de propuestas como la “Benelux Ibérica” impulsada desde Badajoz. La idea empieza a situar la integración entre España y Portugal en el terreno de la competencia política, donde partidos y gobiernos podrían disputar un nuevo eje estratégico con impacto directo en la arquitectura futura de la Península.
La necesidad de superar las fronteras físicas y administrativas de la Península ha sido la bandera histórica del movimiento iberista asociativo que, a ambos lados de la Raya, lleva más de una década «picando piedra». Las organizaciones de la sociedad civil han impulsado diversos manifiestos y declaraciones ibéricas reclamando un marco institucional común para España y Portugal. En ese recorrido han convergido voces y sensibilidades diversas, desde Rui Moreira e Isabel Ferreira hasta Ian Gibson, Arturo Pérez-Reverte, Jorge Pinto o Ignacio Gragera, que en distintos momentos han reconocido la potencia política —no sólo cultural— del espacio ibérico.
Precisamente este último, alcalde de Badajoz, ha reactivado en el debate público una idea que merece ser tomada en serio: la creación de una “Benelux Ibérica”. Gragera plantea algo más que una metáfora institucional. Sugiere que una coordinación económica y política estable entre España y Portugal permitiría a la Península dejar de ser periferia funcional de Europa para convertirse en un actor con voz propia en la arquitectura de la Unión. No es un gesto aislado. En 2020, Rui Moreira ya había abierto la misma línea conceptual con la “Iberolux”. La repetición del marco en distintos territorios indica que el iberismo ha salido del terreno de la nostalgia para entrar en el de las opciones políticas posibles.
Este cambio coincide con una transformación estructural del contexto europeo: reconfiguración de cadenas de suministro, competencia entre bloques y una aceleración de la lógica de autonomía estratégica en la UE. En ese escenario, la cooperación ibérica deja de ser una cuestión simbólica o cultural para convertirse en un activo geopolítico potencial. España y Portugal, actuando de forma coordinada, no son un bloque menor: son una plataforma energética, logística y demográfica de escala relevante en el sur de Europa.
La propuesta de Gragera se sitúa en un punto especialmente sensible: el eje Badajoz-Elvas. No es casual. Es el único espacio donde la integración ibérica ha dejado de ser retórica para convertirse en práctica cotidiana. Si el Benelux se construyó sobre la interdependencia real entre Bruselas, Luxemburgo y La Haya, una arquitectura ibérica creíble —un futuro “Consejo Ibérico”— sólo podrá nacer desde nodos funcionales como la Eurociudad extremeño-alentejana. Allí donde la frontera ya no separa, pero tampoco ha sido aún institucionalmente asumida.
Lo relevante de este movimiento no es su viabilidad inmediata, sino el cambio de incentivos que introduce en la política española. Por primera vez, la integración con Portugal empieza a perfilarse como un eje susceptible de disputa electoral. El Partido Popular, tradicionalmente encuadrado en una relación institucional con el PSD portugués dentro de la agenda europea, tiene aquí una oportunidad estratégica evidente: convertir el iberismo pragmático en una narrativa de modernización territorial y de potencia europea. Pero esa oportunidad no se materializará por inercia.
Es aquí donde la figura de Ignacio Gragera adquiere una dimensión política más relevante de la que habitualmente se le concede. Su propuesta no debería quedar encapsulada en el debate local o transfronterizo. Si el Partido Popular aspira a capitalizar esta ventana estratégica, la iniciativa debe ser elevada formalmente a sus órganos de dirección y convertirse en una propuesta programática explícita de cara a las próximas elecciones generales. No se trata de un gesto simbólico: se trata de definir si el iberismo entra o no en la arquitectura estratégica de un partido llamado a gobernar España. La oportunidad está abierta, pero su institucionalización exige decisión política.
El PSOE y el Partido Socialista portugués no quedarán al margen. Ambos partidos han demostrado capacidad de coordinación efectiva —la “excepción ibérica” energética es su ejemplo más claro— y difícilmente renunciarán a disputar este nuevo espacio político. Si el iberismo entra en la agenda de la derecha, la izquierda no podrá limitarse a reaccionar: deberá articular su propia versión del proyecto, probablemente centrada en cohesión social, derechos laborales transfronterizos, transición ecológica y servicios públicos compartidos. La competencia ya no será sólo ideológica; será también territorial y estratégica.
En ese nuevo marco, la política peninsular podría empezar a ordenarse en torno a un eje inédito: quién es capaz de gestionar mejor la vecindad. Vox y Chega quedarían fuera de esa disputa central, mientras el espacio PSOE-PS y PP-PSD se vería empujado a definir modelos alternativos de integración ibérica.
Pero este proceso no será lineal ni inmediato. En España persiste una inercia centralista que relega sistemáticamente la frontera luso-española a un plano secundario en la definición de la política exterior. La mirada sigue orientada hacia los grandes centros tradicionales de decisión europeos y atlánticos, mientras se infrautiliza un espacio de cooperación que ya existe en la práctica cotidiana.
A ello se suma una estructura administrativa poco adaptada a la integración real. La coordinación de servicios públicos, infraestructuras y regulación sigue funcionando con lógicas estatales desconectadas, incluso en territorios que comparten dinámica económica diaria.
El ejemplo más claro de esta disonancia es el transporte. La Raya sigue siendo una frontera operativa en términos de movilidad. Las conexiones de transporte público entre localidades vecinas son, en muchos casos, inexistentes o testimoniales. No existen redes estables de autobuses transfronterizos, la planificación ferroviaria no se articula de forma conjunta y la coordinación horaria entre operadores es prácticamente nula. El resultado es paradójico: municipios separados por minutos de distancia funcionan como si estuvieran en sistemas de transporte distintos. La integración europea ha eliminado barreras formales, pero no ha construido aún la infraestructura cotidiana de la integración real.
En Portugal, las resistencias siguen siendo profundas. Tanto en el PS como en el PSD persiste el temor histórico al desequilibrio estructural con España y al denominado “abrazo del oso”. Por ello, cualquier arquitectura común sólo será viable si se sostiene sobre un principio inequívoco: igualdad jurídica estricta entre socios, sin jerarquías implícitas ni dependencias encubiertas. El modelo del Benelux no es sólo una referencia institucional; es una condición de posibilidad política.
A esto se suma la orientación atlántica de la política portuguesa, que ha privilegiado históricamente su proyección marítima frente a la articulación interior peninsular. Precisamente por ello, el proyecto ibérico no puede plantearse como sustitución de esa vocación, sino como su ampliación estratégica. El interior peninsular no es un margen: es una infraestructura territorial clave en la conectividad del suroeste europeo.
El verdadero alcance de la propuesta de Ignacio Gragera no está únicamente en una aprobación inmediata, sino en su capacidad para alterar la lógica de competencia política. Si los partidos comienzan a disputar elecciones proponiendo distintos modelos de integración con Portugal como ventaja electoral en las regiones fronterizas, el iberismo habrá dejado de ser una hipótesis para convertirse en un eje estructurante del sistema político.
Habrá abandonado definitivamente el terreno académico y asociativo para convertirse en un vector de poder. Y en ese momento, la Raya dejará de ser una línea periférica para convertirse en el centro operativo de una nueva arquitectura peninsular.
La idea de un “Consejo Ibérico” de inspiración beneluxiana forma parte de la línea editorial de EL TRAPEZIO desde hace años. Recientemente hemos insistido en esta comparación y también en la posibilidad de que este tipo de arquitectura institucional pueda incorporarse a los programas electorales de las principales fuerzas políticas. Por otro lado, Ignacio Gragera es un viejo conocido del movimiento iberista, al que hemos tenido la posibilidad de presentar nuestras publicaciones. Todo ello nos lleva a entender que estamos ante un momento especialmente relevante e ilusionante para el desarrollo del iberismo del Siglo XXI como proyecto político real.
Pablo Castro Abad