Las catástrofes naturales, ya sean inundaciones, pandemias o incendios, no entienden de fronteras político-administrativas. Esta afirmación, una palmaria perogrullada, es necesario sacarla a colación por lo vivido en nuestra península el pasado verano y que se repite de manera trágicamente recurrente cada temporada canicular. El verano pasado, los ciudadanos ibéricos asistimos consternados a dos espectáculos: uno dramático y otro patético.
El primero, en gran medida evitable, se refiere a la feroz ola de incendios que arrasó el territorio ibérico, con una superficie total afectada de más de 700.000 hectáreas, es decir, el equivalente a todo el País Vasco. La peor parte, proporcionalmente a su territorio, se la llevó Portugal, con casi 300.000 hectáreas calcinadas, al ser la mitad oeste peninsular la que más sufrió, alcanzando el triste récord de concentrar más del 60% de la superficie forestal quemada de toda la Unión Europea.
Y ni siquiera ante una tragedia de esta magnitud, pudieron los protagonistas del segundo espectáculo, el patético, frenar sus impulsos electoralistas. Mientras ardían bosques, casas y granjas y morían seres humanos tratando de sofocar las llamas, miserables de todo signo utilizaban impúdicamente esta desgracia como munición política para sacar réditos electorales, principalmente en España.
Tanto unos como otros se tiraban los trastos a la cabeza mientras la población civil, bastante más responsable que sus clases dirigentes, se volcaba en ayudar en las regiones y poblaciones más afectadas.
Así, entre otros muchos ejemplos, pudimos ver cómo se desplazaban hidroaviones y personal a León y Galicia desde Valencia – quienes a su vez habían recibido ayuda de toda Iberia en 2024 tras la trágica DANA, incluidos más de 100 efectivos portugueses -, los más de 70 bomberos vascos que partieron hacia Castilla y León con un helicóptero antiincendios, el convoy enviado por la Generalitat catalana con más de 55 agentes y 14 vehículos para ayudar en la extinción del incendio de Jarilla (Extremadura), o los más de 200 efectivos de la UME que prestaron servicio en Portugal.
En resumen, una ola de solidaridad interregional ibérica que ayudó en gran medida a que los daños sufridos no fueran mucho mayores de lo que ya fueron.
Sin embargo, debido al impúdico oportunismo de demasiados políticos, que se arrojaban mutuamente el reparto de las competencias entre las diferentes administraciones, la respuesta no fue todo lo rápida, coordinada y eficiente que podría haber sido.
Ahora que la tragedia ígnea de cada verano se repite, con incendios como el de Les Garraves en Cataluña o, sobre todo, el de los Gallardos (Almería), entre muchos otros focos activos por toda la península, esperamos que nuestros representantes no antepongan mezquinos intereses partidistas por delante del objetivo común de terminar con esta lacra y, como reclama el experto australiano Gary Morgan, contratado por el Gobierno portugués, la gestión coordinada de incendios pase a ser una prioridad absoluta de todos los gobiernos ibéricos, sean del color que sean.
Pablo Barcena