El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado una reparación histórica esperada durante décadas por la comunidad saharaui. Mediante esta decisión plenaria, la Cámara Baja ha respaldado la proposición de ley que ha buscado conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza a las personas nacidas en el territorio del Sáhara Occidental bajo la administración española.
La fecha límite fundamental para optar directamente a la nacionalidad es el 26 de febrero de 1976, día en que finalizó formalmente la administración española en el Sáhara Occidental. De este modo, quienes hayan nacido en el territorio antes de este hito tienen acceso directo a la solicitud, mientras que las personas nacidas con posterioridad solo pueden acogerse a la ley como descendientes en primer grado si sus progenitores nacieron antes de esa fecha o contaban con documentación colonial o acreditación del censo de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental.
No obstante, si no pueden acogerse, pero llevan residiendo más de dos años podrán solicitar la nacionalidad. La nueva norma ha modificado formalmente el artículo 22.1 del Código Civil, incorporando de forma expresa a los saharauis en el grupo de colectivos con beneficios migratorios específicos. De este modo, el texto ha reducido de diez a dos años el periodo de residencia legal continuada necesario para solicitar la nacionalidad, garantizando una igualdad de trato idéntica a la que han disfrutado tradicionalmente los nacionales de Iberoamérica, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal.
Votación y reacciones
La propuesta estuvo liderada inicialmente por grupos como Sumar y Podemos. El PP se ha abstenido. El PSOE y los grupos nacionalistas han votado a favor y Vox en contra.
Tras hacerse públicos los resultados en la pantalla del pleno, los representantes saharauis presentes en la tribuna han vivido el momento con una emoción contenida que ha contagiado a buena parte de la Cámara. La culminación de este trámite ha supuesto el inicio de una nueva era en el reconocimiento de los derechos de miles de familias de la zona.