El juzgado de Delitos Económicos de Paraguay ordenó la prisión preventiva del expresidente Santiago Peña, quien ha sido ingresado en una unidad del Regimiento Guardia Presidencial tras ser destituido por el Congreso en un juicio político. El jefe de la instalación castrense, el coronel José Dayub, ha revelado a medios locales que el propio exmandatario lo saludó con la icónica frase: «Voy a ser tu huésped por mucho tiempo». Las autoridades judicial e institucional han justificado el confinamiento en un recinto militar y no en una cárcel común argumentando que el exjefe de Estado ha manejado información de alta sensibilidad sobre el crimen organizado.
El desencadenante de este terremoto institucional ha sido la intervención y orden de disolución del privado Ueno bank por parte del Banco Central del Paraguay (BCP), después de que su índice de solvencia ha caído por debajo del 50% del mínimo legal exigido. La quiebra de la entidad ha afectado a unos 2,94 millones de clientes —el equivalente a casi la mitad de la población del país— y ha paralizado masivamente el comercio electrónico nacional. Asimismo, la Fiscalía ha imputado formalmente al exgobernante por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio debido a sus antiguos vínculos corporativos con Ueno Holding.
El impacto económico masivo de la quiebra ha sacudido con dureza a los organismos del Estado, los cuales han mantenido depositados millonarios fondos públicos en el banco intervenido durante la Administración saliente. Entre las instituciones más castigadas ha destacado el Instituto de Previsión Social (IPS), que ha quedado con aproximadamente 355 millones de dólares atrapados en bonos y certificados de depósito, comprometiendo los recursos del sistema de pensiones. De igual forma, los fondos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y de la hidroeléctrica Itaipú Binacional han resultado severamente congelados tras el cese de operaciones de la entidad bancaria.
Ante la vacancia presidencial, el hasta ahora vicepresidente Pedro Alliana ha jurado como nuevo presidente de Paraguay y ha iniciado la conformación de su equipo de Gobierno para contener la inestabilidad política. En su primer decreto formal, el jefe de Estado ha designado a Ariel Martínez como titular del Ministerio del Interior y ha nombrado al exministro Rolando de Barros como jefe del Gabinete Civil. Paralelamente, el mandatario ha reubicado a Juan Carlos Baruja al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para garantizar la continuidad operativa de la administración nacional.
En el plano judicial, el Ministerio Público ha intensificado la persecución penal contra el núcleo directivo de la entidad financiera y ha dispuesto la detención del principal accionista del banco, Miguel Vásquez. Junto a él, otros exdirectivos como Juan Manuel Gustale Caroni, Julio Daniel Rey Fernández, Alejandro Gómez Abente y Diego Fernández Duarte Schussmuller han sido remitidos a prisión. Adicionalmente, las dimisiones del expresidente del BCP, Carlos Carvallo, y del consejero Marco Aurelio González han dejado sin cuórum legal al órgano regulador en plena emergencia financiera.
El nuevo Ejecutivo ha defendido a través de la Cancillería que la democracia paraguaya ha salido fortalecida de la crisis institucional al aplicar los mecanismos constitucionales previstos. Mientras tanto, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) ha comenzado los primeros desembolsos de cobertura para los pequeños ahorristas golpeados por el colapso financiero. Sin embargo, la indignación social ha continuado en las calles de Asunción, donde miles de ciudadanos e instituciones públicas han exigido la plena restitución de sus fondos y el castigo penal a los responsables.
