Los Gobiernos de España y Brasil han ratificado este martes un trascendental acuerdo de cooperación con el propósito de diseñar y perfeccionar políticas fiscales dirigidas a las personas con mayores patrimonios. La rúbrica del memorando de entendimiento ha corrido a cargo del ministro español de Hacienda, Arcadi España, y de su homólogo brasileño, Dario Durigan, quienes han sostenido un encuentro telemático para articular esta iniciativa. Este pacto ha marcado un hito en la justicia tributaria internacional, persiguiendo una mayor progresividad fiscal y el combate directo contra la concentración desmedida de la riqueza.
A través de este mecanismo, han establecido una agenda conjunta de tres años centrada en el intercambio técnico, la realización de estudios comparativos y el debate de reformas tributarias de calado. Asimismo, las partes han acordado una actuación coordinada dentro de organismos globales clave como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Un eje crucial ha sido el compromiso de compartir microdatos fiscales protegidos por el secreto administrativo, lo que ha facilitado el análisis preciso de las alíquotas efectivas que abonan los magnates en comparación con los trabajadores de menores ingresos.
Durante el acto oficial, las autoridades han expresado duras críticas a la inequidad del sistema actual, catalogando como «sencillamente inaceptable» que las mayores fortunas continúen tributando proporcionalmente menos que las clases medias. Por su parte, el ministro Arcadi España ha calificado la alianza entre los ejecutivos de Pedro Sánchez y Luiz Inácio Lula da Silva como un impulso imprescindible, ha defendido con firmeza que «no puede haber justicia social si no garantizamos que los grandes patrimonios contribuyan de manera equitativa» y ha subrayado la sintonía estratégica de ambos Gobiernos progresistas.
Este pacto de entendimiento ha dado continuidad a la hoja de ruta internacional trazada por ambas naciones durante la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo en Sevilla y la reciente Cúpula en Defensa de la Democracia celebrada en Barcelona. El contexto ha rescatado el debate sobre el impuesto mínimo global del 2% a patrimonios superiores a los 100 millones de dólares —propuesto originariamente por el economista Gabriel Zucman—, un concepto que ha servido como referente técnico durante las negociaciones bilaterales.
Pese a la trascendencia del acuerdo, la firma no ha significado la aprobación directa de nuevos gravámenes ni la alteración inmediata de los marcos jurídicos nacionales. Ambas delegaciones han aclarado que el documento formaliza un compromiso de trabajo conjunto sin crear obligaciones en el Derecho Internacional, reservando la potestad tributaria a las decisiones soberanas de cada Parlamento. Con esta resolución, ha quedado abierta la vía de colaboración técnica e institucional mediante seminarios y talleres de capacitación para los servidores públicos de ambos países.