En el debate sobre el iberismo del siglo XXI, una de las comparaciones más sugerentes —y también más exigentes— es la que se establece con el Benelux. No tanto por la escala o el contexto histórico, sino por su capacidad para transformar la cooperación entre Estados vecinos en un entramado institucional estable, con continuidad política y capacidad ejecutiva. En este sentido, la evolución reciente de las relaciones entre España y Portugal, especialmente a partir del Tratado de Amistad y Cooperación firmado en 2021 y en vigor desde 2023, abre una oportunidad que merece ser analizada con ambición.
El Tratado de Trujillo supone un salto cualitativo en la relación bilateral. No solo actualiza el marco de 1977, sino que introduce instrumentos de concertación política regular: cumbres anuales, reuniones sectoriales, cooperación parlamentaria y, de forma especialmente relevante, una instancia de seguimiento de las decisiones adoptadas. Este elemento responde a una demanda histórica del movimiento iberista: superar la lógica declarativa y avanzar hacia mecanismos que garanticen el cumplimiento efectivo de los acuerdos.
Sin embargo, la mera existencia de este mecanismo no garantiza por sí sola un cambio estructural. La experiencia acumulada en las cumbres hispano-portuguesas muestra que muchas decisiones han tenido un bajo grado de ejecución, erosionando la credibilidad del proceso. Es precisamente aquí donde la comparación con el Benelux adquiere todo su valor.
El Benelux no es únicamente un espacio de cooperación: es una arquitectura institucional. Desde la posguerra, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo apostaron por órganos permanentes con capacidad técnica y continuidad operativa. Secretarías comunes y estructuras estables han permitido una cooperación sostenida que incluso anticipó dinámicas de la propia Unión Europea.
La diferencia fundamental no radica, por tanto, en la voluntad política —también presente en el caso ibérico—, sino en el grado de institucionalización. Mientras el modelo Benelux se apoya en la continuidad, el ibérico sigue siendo en gran medida episódico, articulado en torno a eventos más que a estructuras permanentes.
En este contexto, el denominado mecanismo de seguimiento puede interpretarse como un embrión institucional. Introduce continuidad entre cumbres y abre la puerta a una mayor rendición de cuentas, aunque su alcance sigue siendo limitado por la falta de estructura administrativa propia, recursos específicos y visibilidad pública.
De ahí que el movimiento iberista plantee su evolución hacia un auténtico Consejo Ibérico. No se trataría de crear una institución supranacional, sino de consolidar un órgano bilateral permanente con funciones de coordinación, seguimiento y propuesta: un espacio donde la cooperación deje de depender de la coyuntura y se asiente sobre una estructura estable.
Este Consejo podría inspirarse en el modelo del Benelux, adaptado a la realidad peninsular. No se trataría de sustituir a los Estados, sino de dotar de coherencia y continuidad a su acción conjunta mediante una estructura capaz de ordenar prioridades, impulsar proyectos comunes y verificar el cumplimiento de los acuerdos. Ámbitos como la energía, las infraestructuras o la transición ecológica requieren esa lógica de coordinación sostenida, junto a una interlocución estable con la sociedad civil que refuerce su legitimidad. El propio Tratado ofrece ya base suficiente para avanzar en esta dirección.
Pero su alcance no debería agotarse en la gestión interna. El Consejo Ibérico está llamado también a proyectar una voz compartida en el exterior, integrando la dimensión internacional en esa misma lógica de articulación. En un escenario global marcado por la inestabilidad y la recomposición de equilibrios, España y Portugal comparten intereses estratégicos en espacios como el Atlántico, el ámbito euromediterráneo o los foros multilaterales. Actuar de forma coordinada no implica diluir soberanías, sino reforzar su eficacia. La coyuntura geopolítica no debilita el argumento iberista: lo convierte en una herramienta pragmática para ganar capacidad de influencia y proteger intereses comunes.
Además, permitiría reforzar la dimensión territorial de la cooperación, especialmente en la “Raya”. La cooperación transfronteriza requiere instrumentos operativos capaces de impulsar proyectos concretos, y una estructura permanente puede actuar como catalizador de inversiones y garante de cohesión territorial.
La comparación con el Benelux no debe llevar a replicar modelos, sino a extraer una lección esencial: la integración se construye con instituciones. En este sentido, el actual mecanismo de seguimiento representa una oportunidad para avanzar hacia una verdadera gobernanza compartida.
Pero el iberismo contemporáneo no puede limitarse a la eficiencia técnica: necesita horizonte político y densidad simbólica. Si la Unión Europea ha demostrado algo es que las instituciones también representan. Por ello, la evolución del mecanismo de seguimiento debería desembocar en un auténtico Consejo Ibérico, dotado de visibilidad, liderazgo y símbolos compartidos: una presidencia estable, una sede permanente —preferentemente en un espacio transfronterizo— y elementos identitarios como una bandera y una narrativa institucional propia. No son adornos, sino instrumentos de cohesión y reconocimiento ciudadano.
Esta ambición debe ir acompañada de responsabilidad fiscal. El Consejo Ibérico no debe suponer un coste añadido: puede apoyarse en la optimización de recursos ya existentes —estructuras administrativas, personal funcionario, sedes disponibles—, así como en financiación europea y partidas presupuestarias ya previstas. Se trata, en definitiva, de coordinar mejor, evitando duplicidades y maximizando el impacto de políticas hoy fragmentadas.
No se trata, además, de una construcción ajena a la ciudadanía. Diversas encuestas muestran un alto grado de simpatía hacia una mayor integración ibérica. Esta predisposición ha encontrado eco en figuras públicas como Rui Moreira, impulsor de la idea de un Iberolux, o Jorge Pinto, defensor de una mayor articulación peninsular. También desde el ámbito institucional, responsables como Isabel Ferreira han subrayado la centralidad de la cooperación transfronteriza. Existe, por tanto, una base social sobre la que construir. Lo que falta no es legitimidad, sino decisión política: una ambición compartida y una voluntad de ser que convierta la afinidad ibérica un proyecto reconocible dentro y fuera de las fronteras de Portugal y España.
Pablo Castro Abad
