La verdadera consolidación del iberismo político, entendido como una relación especial entre España y Portugal, se producirá cuando la idea entre de manera estable en los programas electorales de los principales partidos ibéricos y pase a formar parte del debate democrático peninsular.
Ese momento podría estar más cerca de lo que parece. España se encamina hacia un nuevo ciclo electoral que, previsiblemente, desembocará en elecciones generales en el plazo aproximado de un año. En un contexto de creciente fragmentación política, desgaste de los discursos tradicionales y búsqueda constante de elementos diferenciales por parte de las distintas fuerzas políticas, la propuesta de un Consejo Ibérico podría convertirse en una iniciativa con una notable capacidad de proyección estratégica, especialmente si fuera defendida simultáneamente por partidos homólogos de ambos lados de la frontera.
La dimensión novedosa de esta propuesta reside precisamente en ese carácter paralelo y coordinado. No se trataría únicamente de que un partido español defendiese una mayor institucionalización ibérica, sino de que dicha propuesta apareciese acompañada por el respaldo equivalente de su homólogo portugués. Un PSOE-PS, un PP-PSD o incluso otras familias ideológicas europeas podrían incorporar simultáneamente en sus programas electorales la apuesta por una estructura permanente de coordinación peninsular. Esa sincronización política otorgaría al proyecto una credibilidad y una visibilidad completamente distintas.
Además, el impacto electoral potencial no debe subestimarse. Un partido que lograse presentarse ante el electorado como impulsor de una nueva etapa de cooperación ibérica podría apropiarse de una imagen de modernidad política, visión estratégica europea y pragmatismo institucional. Frente a discursos puramente nacionales cada vez más agotados, la idea de construir una dimensión ibérica estable dentro de la Unión Europea posee capacidad para conectar con sectores urbanos, europeístas, empresariales, universitarios y transfronterizos que perciben la Península como un espacio cada vez más integrado en términos económicos, energéticos y sociales.
Ese efecto no sería únicamente simbólico o reputacional. La combinación de posicionamiento estratégico, diferenciación política y conexión con electorados especialmente sensibles a la dimensión europea permite sostener una hipótesis razonable: una propuesta de estas características, incorporada de forma coherente en ambos lados de la frontera y defendida por partidos homólogos, podría tener un impacto acumulado en torno al 2%–3% del electorado. No se trataría de un voto directo motivado exclusivamente por el Consejo Ibérico, sino de un efecto de suma: refuerzo de imagen de Estado, captación de voto urbano y europeo, y consolidación de apoyos en espacios territoriales con alta interdependencia con Portugal. En política, ese tipo de efectos combinados, aunque discretos, pueden ser decisivos en escenarios competitivos.
A diferencia de otros proyectos de integración más ambiciosos o ideológicamente polarizantes, el Consejo Ibérico tendría además una ventaja política evidente: puede presentarse no como un mecanismo de cesión de soberanía o construcción federal, sino como un instrumento de eficiencia administrativa y optimización de recursos. Su lógica no sería la de crear un nuevo nivel político pesado y costoso, sino la de coordinar de manera más eficaz estructuras, fondos y capacidades ya existentes.
Ese es probablemente uno de los aspectos fundamentales que deberían comprender los partidos políticos que eventualmente asumieran esta propuesta. El Consejo Ibérico no debería ser presentado como un organismo adicional destinado a incrementar burocracias o multiplicar gasto público, sino exactamente como lo contrario: una herramienta de racionalización y aprovechamiento conjunto de recursos ya disponibles tanto a nivel estatal como europeo.
La Península Ibérica dispone hoy de múltiples mecanismos de cooperación bilateral, fondos europeos destinados a proyectos transfronterizos, estructuras regionales, cumbres gubernamentales periódicas y numerosos instrumentos de coordinación sectorial. Sin embargo, gran parte de esas capacidades continúan funcionando de forma fragmentada, intermitente y excesivamente dependiente de la voluntad política coyuntural de cada gobierno.
Las cumbres ibéricas han sido, sin duda, un éxito político e institucional. La cooperación entre Portugal y España ha alcanzado un nivel histórico impensable hace apenas unas décadas. El Mercado Ibérico de la Electricidad, la creciente coordinación energética, las interconexiones, los proyectos ferroviarios, las eurorregiones o el Tratado de Amistad y Cooperación muestran que la Península ha desarrollado una dinámica de aproximación constante y cada vez más profunda.
Sin embargo, precisamente por el éxito alcanzado, la cooperación ibérica parece haber llegado a un cierto límite estructural. El problema ya no es la ausencia de diálogo político ni la inexistencia de mecanismos bilaterales. El problema comienza a ser la falta de continuidad ejecutiva, seguimiento permanente y capacidad de planificación estable.
Las declaraciones políticas periódicas y las reuniones bilaterales permiten impulsar proyectos concretos, pero resultan insuficientes para articular una verdadera estrategia peninsular sostenida en el tiempo. Muchos de los desafíos que afrontan Portugal y España exigen ya un nivel de coordinación superior: transición energética, gestión hídrica, corredores ferroviarios, competitividad atlántica, despoblación fronteriza, protección civil o captación eficiente de fondos europeos.
En todos esos ámbitos, el principal déficit no parece ser financiero. Los recursos existen en gran medida. El verdadero problema radica en la dispersión administrativa, la falta de coordinación permanente y la ausencia de estructuras capaces de convertir prioridades compartidas en políticas sostenidas y evaluables.
Es ahí donde el Consejo Ibérico adquiere sentido como órgano ejecutivo de coordinación estratégica. Su función no consistiría en sustituir gobiernos nacionales ni crear nuevas soberanías compartidas, sino en proporcionar continuidad técnica, coordinación interministerial, seguimiento de proyectos y optimización de recursos comunes. La lógica fundamental sería la de las economías de escala ibéricas: obtener mayor eficacia mediante planificación conjunta y estructuras permanentes de cooperación.
Pero toda institución posee también una dimensión simbólica que no debe ser infravalorada. Las instituciones no solo gestionan competencias; también crean imaginarios políticos, consolidan espacios de pertenencia y proyectan identidades estratégicas. El Benelux o el Consejo Nórdico terminaron adquiriendo relevancia no únicamente por sus funciones técnicas, sino porque ayudaron a normalizar la existencia de espacios regionales coherentes y reconocibles dentro de Europa.
La Península Ibérica carece todavía de una estructura con capacidad simbólica. A pesar de la creciente intensidad de las relaciones hispano-portuguesas, la cooperación ibérica continúa siendo percibida muchas veces como una suma dispersa de acuerdos sectoriales relativamente invisibles para la ciudadanía. Un Consejo Ibérico contribuiría a dotar de visibilidad política permanente a esa realidad compartida y ayudaría a consolidar la idea de la Península como un espacio estratégico común dentro de la Unión Europea.
Por ello, el elemento decisivo no será únicamente institucional, sino también democrático. El futuro de la cooperación ibérica dependerá en buena medida de su capacidad para entrar en el debate político ordinario y dejar de ser un asunto reservado a diplomáticos, expertos o círculos intelectuales. La institucionalización ibérica solo alcanzará verdadera legitimidad cuando los ciudadanos portugueses y españoles puedan votar explícitamente proyectos políticos que incluyan esa dimensión peninsular.
El día en que el Consejo Ibérico aparezca simultáneamente en los programas electorales de los principales partidos de ambos países, dejará de ser una hipótesis teórica o un horizonte diplomático para convertirse en un auténtico proyecto político peninsular.
En los 40 años de pertenencia conjunta a la UE ha habido muchas voces del mundo de la política y de la cultura, Saramago, Rui Moreira, Pérez Reverte, Ian Gibson entre otros muchos, que han reivindicado una aproximación ibérica más robusta y reconocible. Pasadas cuatro décadas es el momento de que la política de un paso firme al frente.
Pablo Castro Abad
