La Fiscalía de Brasil ha pedido 30 años de cárcel para los primeros 40 acusados de participar en el asalto a las sedes de los tres poderes de la nación del pasado 8 de enero, cuando miles de seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro invadieron el Congreso Nacional, el Palacio presidencial y la Corte Suprema. En un documento remitido a la Corte Suprema, que deberá juzgar esos actos, la Procuraduría ha indicado que, en el caso de esos primeros 40 acusados, ha comprobado tanto la «materialidad» como la «autoría» de al menos cinco delitos.
Se trata de «asociación criminal armada», «abolición violenta del Estado democrático de derecho», «golpe de Estado», «daño calificado y grave amenaza» y «deterioro de patrimonio público», que, según el Código Penal, en conjunto «llegan a 30 años de reclusión», que es la pena máxima contemplada por las leyes del país. La Corte Suprema ya ha aceptado las denuncias presentadas contra 1.290 personas.
El ataque pretendía derrocar el Gobierno de Lula
Según la investigación, el violento ataque contra la democracia pretendía incitar a las Fuerzas Armadas a derrocar al Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder progresista que había asumido el poder ocho días antes. La mayoría de los participantes en el asalto estaban alineados ideológicamente con el exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, derrotado por Lula en las elecciones de octubre del año pasado y cuyo resultado se negó a reconocer.
La Corte Suprema aún continua con las averiguaciones sobre esos sucesos, y tiene entre los investigados al propio expresidente Bolsonaro, sospechoso de haber alentado la asonada y sembrar dudas acerca de la limpieza y transparencia del proceso electoral del año pasado.
