La situación política en Portugal se ha tornado compleja tras la renuncia del primer ministro António Costa. Este cambio en el panorama político portugués coincide con un momento de colaboración intensa en proyectos de infraestructuras y nuevas tecnologías entre Portugal y Galicia. La dimisión de Costa se produce en medio de investigaciones sobre una supuesta trama de corrupción vinculada a la explotación de litio y a proyectos de hidrógeno verde, afectando a varios miembros de su gobierno y a colaboradores cercanos.
El presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, ha decidido convocar elecciones para el 10 de marzo, a fin de dar paso a un nuevo Gobierno en Portugal. Mientras tanto, proyectos significativos para la región, como la conexión de alta velocidad Vigo-Oporto y el desarrollo de la energía eólica marina, están en juego, esperando que la situación política se estabilice para continuar con su progreso.
La incertidumbre política en Portugal plantea interrogantes sobre el impacto que tendrá en los proyectos transfronterizos con Galicia, especialmente en un momento en que ambos territorios buscan fortalecer su cooperación en áreas clave como energía e infraestructuras. La resolución de esta crisis política será determinante para el futuro de estas iniciativas conjuntas y para la relación bilateral en general.
La «fiebre del litio» en la frontera con Galicia
La controversia en torno a las minas de litio en la frontera entre Galicia y Portugal ha sido un tema candente que ha llevado a la caída del primer ministro portugués. Las minas, ubicadas cerca de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza de Gerês-Xurés, han generado protestas tanto de alcaldes portugueses como de ecologistas de ambos lados de la frontera.
La mina de Covas de Barroso, en particular, está proyectada para convertirse en la mayor explotación a cielo abierto de Europa, a pesar de las preocupaciones sobre su impacto en un área declarada Patrimonio Agrario Mundial por la FAO. La demanda de litio, esencial para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos, está impulsando una carrera para abrir minas en todo el continente, pero las consecuencias ambientales, como el consumo intensivo de agua, la contaminación de acuíferos y el impacto en ecosistemas sensibles, están provocando una fuerte oposición. La situación de las minas de Barroso y Romano, y la posible implicación de España en su aprobación, añade una capa adicional de complejidad a la ya tensa situación política y ambiental en la región fronteriza.
