Un Gobierno débil, dirigido por el cuestionado Pedro Sánchez en España y un Gobierno en funciones, aún comandado por António Costa hasta marzo en Portugal; esta es la coyuntura con la que nos encontramos en este tramo final del año 2023.
La situación política en España pasa por uno de los momentos más tensos y complicados de los 45 años de historia del llamado régimen del 78, por la Constitución promulgada el 6 de diciembre de 1978. Viene al caso recordar que, en la historia constitucional de España, la Constitución que más tiempo estuvo en vigor fue la de la Restauración de 1876 que decayó 47 años después, en 1923. Estamos pues, pese a todo, en un periodo histórico, comparativamente, excepcionalmente estable y duradero. El presidente del Gobierno ha salido elegido por una mayoría conformada por el PSOE (Partido Socialista Obrero Español), Bildu (Independentismo vasco), Coalición Canaria (CC), Junts per Catalunya, SUMAR, Bloque Nacionalista Galego (BNG), Partido Nacionalista Vasco y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Salvo CC, los socios del PSOE en la investidura no son partidos constitucionalistas.
El asunto central de las negociaciones ha sido el impulso a una ley de amnistía muy amplia para los condenados y procesados por la intentona independentista, perpetrada en 2017, con antecedentes desde 2012. Una ley de amnistía cuya posibilidad fue firmemente rechazada y tachada de inconstitucional por el propio Pedro Sánchez y múltiples cargos del Gobierno. Pasadas las elecciones y ante la necesidad de pactar con Junts y ERC para obtener sus votos en la investidura, el PSOE dio marcha atrás a su interpretación de la Constitución, redactando una ley de amnistía, que ahora entienden constitucional. La ley, ya registrada para su aprobación en el Congreso de la nación, habrá de pasar por el veredicto del Tribunal Constitucional que, dada su composición mayoritariamente de jueces propuestos por el PSOE, tiene todas las posibilidades de ser considerada constitucional.
La florentina maniobra de Sánchez es considerada por el centro derechista Partido Popular, que obtuvo el mayor número de diputados en las elecciones, como un inadmisible ataque al Estado de Derecho. El partido derechista VOX, tercer partido en escaños, eleva la acusación a golpe de Estado. En este contexto se vienen realizando protestas continuadas en las calles de todo el país, desde hace más de dos semanas, con una participación total que se cifra en varios millones de ciudadanos.
En la última protesta multitudinaria un político portugués, el eurodiputado Paulo Ranger, del centroderechista PSD, ha participado tomando la palabra para proclamar que “Europa está con vosotros, la UE está con la democracia, con la libertad, con el Estado de Derecho y el respeto a la separación de poderes… Es un orgullo ver a toda esta gente con banderas de España y de Europa para decir que España es un marco de la democracia y del respeto por los derechos en toda Europa”.
El Gobierno nace débil, dependiente de aliados independentistas, derechistas y de otros partidos muy escorados a la izquierda, con una enorme contestación social. El equilibrismo del hábil presidente y la necesidad de “todos” los participantes en la “traición a España” (según se corea en las protestas), podría, sin embargo, hacer que el Gobierno se mantenga en el poder algunos años, con consecuencias que quizá alteren la estructura constitucional de la nación.
Pese a todo, los nombramientos de los nuevos ministros ya se han producido, unos nombramientos bastante continuistas. En lo referente a las relaciones ibéricas nos interesa constatar que en Asuntos Exteriores seguirá José Manuel Albares, de cuyo Ministerio depende la Secretaría de Estado para la UE y la de Iberoamérica. En Transición Demográfica repite Teresa Rivera, a la espera del importante nombramiento para las políticas transfronterizas ibéricas, en la Secretaría de Estado para el Reto Demográfico actualmente llevado por Francés Boya.
Es de destacar el nuevo nombramiento de Óscar Puente en Transporte y Movilidad, el que fuera alcalde de Valladolid y protagonista de la réplica a la fallida investidura de Alberto Nuñez Feijóo. En 2020 EL TRAPEZIO le entrevistó, dejando potentes titulares iberistas como: “La idea de una unión ibérica parece más posible y oportuna que nunca”; y su apuesta “por una agenda que se plantee… la conformación de un Ente Ibérico que aglutine esfuerzos de ambos países para tener una única voz.., que apueste por una red de infraestructuras…”.
Por su parte en Portugal, conocimos hace un par de semanas la dimisión del primer ministro, António Costa, tras conocerse una investigación contra él y varios miembros de su Gabinete por presunta corrupción, prevaricación y tráfico de influencias, en un caso vinculado con negocios de litio e hidrógeno. El gobernante portugués reaccionó rápidamente y manifestó la incompatibilidad del cargo con “la sospecha de la práctica de cualquier acto criminal”. Unos días más tarde Costa pidió perdón tras el hallazgo de sobres con más de 75.000 euros en efectivo en el despacho de quien fue su jefe de gabinete, Vítor Escária.
Dadas las circunstancias, el presidente de la República Marcelo Rebelo de Sousa convocó elecciones para el próximo 10 de marzo de 2024, quedando como primer ministro en funciones António Costa hasta la conformación del nuevo Gobierno que salga de las urnas.
Es de destacar que el Partido Socialista de Costa gozaba de mayoría absoluta en la Assembleia da República. La caída de Costa es, desde el punto de vista iberista, una gran pérdida. El PM impulsó un nuevo y ambicioso Tratado de Amistad entre España y Portugal, llevó en frente una cooperación transfronteriza potente y mostró siempre una gran sensibilidad ibérica, con la importante excepción de la falta del necesario impulso a las conexiones ferroviarias de alta velocidad.
Pero Costa se va, dando un gran ejemplo de honorabilidad y responsabilidad democrática, al dimitir ante una sospecha con celeridad. Un ejemplo que podría copiarse a este lado de la Península, donde unas nuevas elecciones podrían ser el único camino posible para estabilizar el enfrentamiento político extremo al que parecemos abocados.
En definitiva, estamos ante un panorama que no resulta favorable para afrontar políticas de calado. Afortunadamente disponemos ya de instrumentos de cooperación en funcionamiento que harán que la integración ibérica siga avanzando. Las iberociudades, las eurorregiones y los planes de actuación ligados a la Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo, financiados por los fondos Interreg de la UE, mantendrán fuerte la cooperación ibérica. Un mecanismo como la Red España Portugal de entidades Transfronterizas podría dotar de impulso a las relaciones ibéricas. En momentos como el actual, de convulsiones internas en la política de los Estados, se podrá poner a prueba la incipiente institucionalidad ibérica ya alcanzada.
Pablo Castro Abad
