El Gobierno de Brasil ha anunciado este jueves de manera inmediata la puesta en marcha de los trámites para aplicar su ley de reciprocidad comercial en respuesta a las tasas unilaterales decretadas por Estados Unidos. El origen de la disputa se sitúa en la reciente decisión de la Administración estadounidense de imponer aranceles del 25% a determinados productos brasileños. La Presidencia del país sudamericano, en un comunicado compartido en redes por el de manera virtual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, ha calificado este episodio como «un hito lamentable» que marcará de forma negativa el historial de las relaciones bilaterales entre ambas naciones.
La drástica medida de Washington se basa en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, tras una investigación de la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU. (USTR) que acusa a Brasil de prácticas «irrazonables» en áreas como la protección intelectual, el etanol, la deforestación y su sistema de pagos digitales (PIX). El Ejecutivo brasileño ha rechazado con firmeza la legitimidad de estas acusaciones y ha recordado que, según las propias estadísticas norteamericanas, Estados Unidos acumula un superávit comercial con Brasil de 424.500 millones de dólares en los últimos quince años. Ante esta situación, el país sudamericano ha confirmado que recurrirá al mecanismo de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La tensión comercial se produce en un clima de máxima polarización, a menos de tres meses de las elecciones presidenciales brasileñas. En este contexto, el comunicado oficial de la Presidencia ha acusado directamente a la familia del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro de operar activamente para favorecer este escenario de castigo económico con fines puramente electorales. El Gobierno de Lula argumenta que el relato que dio pie a la investigación estadounidense ha contado con la estrecha colaboración de los descendientes del exmandatario, a quienes el texto califica de «falsos patriotas».
Las acusaciones señalan especialmente al senador Flávio Bolsonaro —quien se perfila como el principal rival electoral de Lula en los próximos comicios— por enviar una carta a la Administración Trump solicitando que se aplazara la entrada en vigor de los aranceles hasta después de las elecciones para evitar que la medida beneficiase políticamente al actual presidente en las urnas. La nota del Gobierno brasileño también ha hecho alusión a la situación judicial de la familia, recordando que el propio Jair Bolsonaro cumple prisión domiciliaria por su implicación en el intento de golpe de Estado, y que su otro hijo, Eduardo Bolsonaro, ha sido condenado recientemente por promover sanciones extranjeras contra su propio país desde el exterior.
La Administración de Brasil ha concluido su comunicado defendiendo la soberanía del país sobre sus regulaciones internas y garantizando que no cederá ante las presiones de las grandes corporaciones tecnológicas para proteger a las familias brasileñas. Asimismo, el equipo de Luiz Inácio Lula da Silva ha asegurado que nunca se levantó de la mesa de diálogo durante el último año de investigaciones y que ha presentado pruebas sólidas para desmontar los argumentos sobre supuestas prácticas de comercio desleal, por lo que actuará con total determinación jurídica y arancelaria para defender los intereses nacionales.
