La ONU ha otorgado su aprobación provisional a la ampliación de la plataforma continental al oeste de Galicia, lo que incorporaría cerca de 40.000 km² de fondos marinos (una superficie similar a Extremadura) a los derechos de España sobre el suelo y subsuelo, más allá de las 200 millas de la ZEE. La decisión, pendiente de ratificación en sesión plenaria, culmina un expediente iniciado en 2009, y se suma al precedente de 2009 en el mar Céltico-Cantábrico (unos 79.000 km² compartidos entre varios Estados), del que España obtuvo una parte.
El proceso, amparado en la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), permite extender la plataforma hasta 350 millas si se prueban criterios geológicos ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC). La propuesta gallega fue actualizada con campañas del buque Sarmiento de Gamboa (CSIC) en 2023 y 2025, que aportaron la base técnico-científica para el avance. Aún queda por examinar una tercera solicitud española, al oeste de Canarias (registrada en 2014), que podría llevar la extensión total reconocida de la plataforma a unos 296.500 km².
La ampliación abre oportunidades económicas y responsabilidades ambientales: desde recursos minerales estratégicos “tierras raras” (cobalto, níquel, cobre, tierras raras o telurio), claves para la transición energética, hasta nuevas áreas de conservación. Pero también se hereda un problema: la posible presencia de más de 2.000 bidones radiactivos arrojados por la industria nuclear europea en la Fosa Atlántica, a más de 5.000 m de profundidad, lo que exigiría prospecciones profundas, evaluación de riesgos, y planes de remediación y control.
