En el último estudio realizado por la organización internacional de derechos humanos «Artículo 19», Brasil ha sido el país que ha presentado la mayor caída en el indicador de libertad de expresión, motivado en gran parte por la diseminación de fake news. Esta caída, que se ha acelerado con la llegada de Jair Bolsonaro al poder (que está viendo como se hunde su popularidad), está acompañada por el mayor colapso hospitalario y sanitario de la historia.
En este contexto, numerosas personas se quejan de la falta de libertad de expresión por parte del Gobierno y/o de personas cercanas al mismo. Una de las voces es Felipe Neto, uno de los más famosos youtubers brasileños, que ha sido citado por haber utilizado la red social Twitter para llamar a Bolsonaro «genocida», debido a la actuación que este está teniendo en la lucha contra la covid-19 (284.775 brasileños ya han perdido la vida).
Esta queja, presentada por uno de los hijos del jefe de Estado brasileño, está enmarcada en la Ley de Seguridad Nacional, vestigio de la dictadura militar que existió hasta 1985. El youtuber es uno de los creadores del frente «Cala a boca já morreu» («Calláte la boca ha muerto») , que unirá a algunos de los más grandes especialistas de abogacía del país para defender, de forma gratuita, a todos aquellos que sean procesados por criticar al presidente.
Esta misma ley llevó a que el humorista Danilo Gentili fuera blanco de un proceso por utilizar la red social del pajarito para quejarse de los diputados que estaban apoyando la «PEC (Enmienda de la Constitución) de la impunidad», que protege aún más a los políticos brasileños durante el ejercicio de su mandato. El tweet de Gentili dio lugar a una petición para que este no pudiese utilizar esta red para expresarse, salir de su municipio de residencia y acercarse a Brasilia y al edificio del Parlamento.
Un grupo de cinco manifestantes también ha sido arrestado por colocar una pancarta con la frase «Bolsonaro genocida» y con una esvástica en la Explanada de los Ministerios, en la capital brasileña. Estas detenciones se llevaron a cabo utilizando esta legislación que, según los opositores de Bolsonaro, se está utilizando para perseguir a cualquiera que tenga una idea diferente de la del Gobierno.
Ya la cuestión de Daniel Silveira es un poco diferente, pues el diputado brasileño de ultraderecha, que actualmente está en arresto domiciliario, rompió el decoro del cargo cuando usó YouTube para decir que uno de los ministros del Supremo Tribunal Federal (el equivalente a nuestro Tribunal Constitucional), Alexandre de Moraes, merecería recibir una paliza. Según el sistema judicial brasileño, esta es una cuestión diferente de aquella que involucró a Felipe Neto, pues si el primero hizo una crítica política, el segundo apeló al odio. Este diputado también está involucrado en dos investigaciones muy famosas en el país, la de las fake news y la de los actos contra la democracia, ya que pidió el cierre del STF y un nuevo golpe de Estado.
Por otro lado, el Tribunal Supremo Brasileño ha declarado imparcial al juez Sérgio Moro, aceptando el habeas corpus de Lula.
La libertad de expresión en Portugal
En 2013, el conocido periodista y escritor Miguel Sousa Tavares fue procesado por difamación, tras haber llamado «payaso» al ex presidente de la República Portuguesa, Aníbal Cavaco Silva. Este delito, al igual que el de calumnia, es de carácter público y, por tanto, puede acarrear penas de prisión. En el caso portugués, los tribunales no consideraron esta expresión (que pretendía hacer una comparación con el italiano Beppe Grillo) como ofensiva, ni para la solemnidad del cargo ni para el buen nombre del ciudadano.
