El Gobierno de centroderecha de Portugal que preside el primer ministro Luís Montenegro ha dado nuevos pasos para revocar las restricciones impuestas a los pisos turísticos por el Ejecutivo anterior del socialista António Costa e insistió en su intención de dejar la gestión a los municipios. Así lo ha señalado el portavoz del Gobierno y ministro de Presencia, António Leitão Amaro, en una rueda de prensa tras la reunión semanal del Ejecutivo, donde ha recordado que cuando presentaron el plan de vivienda en mayo afirmaron que era importante “corregir algunos errores” cometidos por el Gobierno anterior.
En ese sentido, ha apuntado que el Consejo de Ministros ha aprobado “una versión anterior de una iniciativa que corrige algunos errores graves como la no transmisibilidad de las licencias (de actividad), la caducidad al final de cinco años…”. De esta manera, el Ejecutivo conservador busca revocar una medida aprobada por los socialistas en su plan Más Vivienda de 2023 que establecía que las licencias de actividad de los alojamientos turísticos fueran intransmisibles, en caso de fallecimiento del titular o divorcio, entre otros.
En dicho plan también se imponían límites a las licencias de alojamiento turísticos temporales, con una fecha de expiración de cinco años para los nuevos registros, mientras que se fijaba 2030 como fecha tope para las existentes, que a partir de ese año pasarían a ser renovables por cinco años. Leitão Amaro ha indicado que el decreto ley está todavía sujeto a consulta ante la Asociación Nacional de los Municipios Portugueses (ANMO) y ha anticipado que será aprobado “pronto, en pocas semanas”.
Esta iniciativa permitirá introducir “una lógica de descentralización”, que no de desregulación del mercado, ya que “deben ser los municipios quienes tomen las decisiones sobre las reglas de funcionamiento del alojamiento turístico en zonas con mayor presión”, ha remarcado el portavoz. El Gobierno de Montenegro presentó en mayo pasado su estrategia de vivienda, bautizada como “Construir Portugal”, que básicamente revoca parte de las medidas para atajar la crisis inmobiliaria que lanzó el Ejecutivo de Costa.
