Poco puede motivar más a la convergencia ibérica en Portugal que la posibilidad de ver incrementado o ordenado. Efectivamente, si los salarios mínimos de España y Portugal se equiparasen, los portugueses verían incrementado notoriamente sus emolumentos.
El salario mínimo en España se ha establecido hace unos pocos días, y con efectos desde el 1 de enero, en 1.166,67 euros mensuales en 12 pagas anuales, que equivale a 1.000 euros en 14, que son 14.000 euros al año.
El salario mínimo ha experimentado su cuarta evolución al alza desde 2019, cuando desde los 735 euros pasó a los 900. En 2020 se incrementó hasta los 950 euros y desde septiembre pasado se estableció en 965 euros.
Este año 2022 arranca con otra subida nominal, de 35 euros mensuales, que no obstante suponen una pérdida real de poder adquisitivo de casi el 3% debido a la inflación (6,5% en 2021).
En Portugal el salario mínimo está en 822,5 euros en 12 pagas anuales que son 775,8 euros en 14 pagas y 9.870 euros anuales.
En términos comparativos el salario mínimo portugués equivale a un 70% del español. Si tenemos en cuenta el nivel de precios, las diferencias se acortan. Según los últimos informes de Eurostat el salario mínimo en Portugal ajustando los niveles de precio equivaldría al 80% del español.
Si nos vamos al marco europeo, podemos observar que España ocupa el 7º puesto y Portugal el 11º, en cuantías de SM.
Los salarios medios muestran diferencias proporcionales muy similares, 26.900 euros en España y 19.400 euros en Portugal.
Los datos históricos muestran que estas diferencias salariales y de desarrollo entre los países ibéricos se mantienen desde hace décadas. La pertenencia conjunta a la Unión Europea no ha reducido la brecha de desarrollo interna en Iberia, tampoco entre regiones de los países, y tampoco, en términos generales, en relación a otros países de la UE. Es paradójico y un fracaso que una unión económica no consiga equilibrar las diferencias regionales.
La Comisión Europea acordó el mes de diciembre pasado una base para impulsar sueldos mínimos adecuados, favorecer la negociación colectiva y mejorar la protección de los trabajadores. Se trata del primer paso para aprobar una directiva sobre salarios mínimos. «Es un importante paso con el que nos comprometemos a que en Europa la gente pueda vivir de su trabajo. Debemos tener sueldos justos y no podemos basar nuestra competencia económica en sueldos bajos», señaló el comisario de Empleo, Nicolas Schmit.
España y Portugal, como venimos señalando, por su cercanía cultural, geográfica y por sus estructuras económicas, pueden avanzar en las políticas de convergencia que propone la UE de manera más rápida, y servir de esta manera de laboratorio de medidas de toda Europa.
La actual coyuntura es de sintonía entre los gobiernos ibéricos apoyados en un reciente Tratado de Amistad y Cooperación entre Portugal y España, que incide en el desarrollo de iniciativas en los ámbitos del trabajo, el empleo, la formación profesional, la promoción de la economía social, el diálogo social y la seguridad social.
Es, por tanto, momento de ser ambicioso y de pasar de la retórica de las cumbres y los tratados a los hechos. Algo importante, significativo y claro sería establecer un salario mínimo conjunto para España y Portugal. La cuantía alcanzaría los 1.200 euros en 12 pagas. Este salario se podría anunciar en la próxima Cumbre Ibérica de los gobiernos, prevista para el otoño de este año, quizá con un plazo temporal más amplio para su implementación definitiva.
El salario a 1.200 euros elevaría el poder adquisitivo de los trabajadores, especialmente en Portugal, ello repercutiría en el aumento del consumo y consiguientemente de la actividad económica, en una proporción suficiente para compensar el aumento de costes que para las empresas supondría la elevación de los salarios, según explican algunos economistas.
Es una decisión política que se puede tomar, que los responsables políticos que nos leen pueden impulsar, y que a buen seguro sería bien recibida por la población. Las patronales de Portugal y España, no estarán probablemente de acuerdo, y sería necesario buscar alguna alternativa a la elevación de costes salariales a través de incentivos fiscales y a la Seguridad Social.
Pablo Castro Abad – Catedrático de Formación y Orientación Laboral
