Concluida la reunión con el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros, el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, aprobó un decreto presidencial que impone el estado de emergencia en el país por un plazo de quince días, que puede ser extensible. Esta medida, esperada por muchos, y que sigue al anuncio del estado de calamidad pública en Ovar, es una medida única en la historia de la democracia portuguesa y de la Constitución de 1976. Con anterioridad, el 25 de noviembre de 1975, y después de un contragolpe llevado a cabo por algunos militares que pretendían detener los «vientos» revolucionarios comenzados el 25 de abril, fuera decretado estado de sitio. La medida de Rebelo de Sousa es histórica, en todos los sentidos.
La medida tomada por el presidente de la República ha sido llevada a votación en el parlamento, la casa de la democracia que, según Ana Catarina Mendes, diputada del PS, «estamos en la casa de la democracia para votar una suspensión, aunque sea temporal, de parte de la misma». A este respecto, y en la declaración que hizo al país tras reunirse con el resto del Gobierno, António Costa subrayó que, «con la declaración del estado de emergencia, no se suspenderá la democracia». Esto se debe a que la Procuraduría General de la República y el Defensor del Pueblo van a seguir protegiendo las libertades de todos.
El primer ministro asegura que las instituciones seguirán funcionando, y que los ciudadanos podrán seguir expresándose sin temor a que su libertad de expresión se ponga en tela de juicio, aunque estemos «viviendo» un momento que puede compararse con el estado de guerra. Costa añadió su «voz» a la de Marta Temido, ministra de Salud, que pide cuidado en este momento, pero que defiende que la vida debe seguir siendo vivida, tal y como hicieron los ingleses durante los bombardeos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial.
Estas medidas aportan nuevos poderes, que deben utilizarse de forma ponderada y proporcionada, para que los valores democráticos nunca estén en tela de juicio. Por ello, no habrá toque de queda, y las salidas se reducen para las visitas al supermercado, farmacia, trabajar o pasear animales. Las empresas pueden ser objeto de requisición civil para el funcionamiento y el control de los precios de los bienes. Los trabajadores de sectores clave pueden ser contratados para trabajar en otros lugares y puestos designados por el Ejecutivo.
Todas las salidas que no sean estrictamente necesarias deben ser sacrificadas para salvar el bien común que es, según las palabras del líder del gobierno, «la salud pública y la vida de todos los portugueses».
Todos los partidos han tenido la oportunidad de expresar sus preocupaciones sobre este tema, pero la medida de decretar el nivel más alto, el estado de emergencia, parte del consenso de todos. El presidente del PSD, Rui Rio, defendió que la suerte del primer ministro será «la nuestra», y que por el momento es necesaria mucha valentía y nervios de acero en una «guerra» donde no hay partidos ni oposición, sino sólo el gobierno de Portugal. La medida de estado de emergencia tiene como objetivo contener el aumento del número de infectados, que por el momento son 642, con dos muertes ya confirmadas.
El estado de emergencia, que puede ser decretado ya a medianoche del día de hoy, fue aprobado por la Asamblea de la República con la abstención del PCP; Los Verdes; la diputada no inscrita, Joacine Katar Moreira, y el diputado de la Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo.
