La Justicia brasileña ha dado otro paso este viernes contra la ultraderecha más radical, que alentada por el presidente Jair Bolsonaro y en aras de «la libertad» prepara una serie de protestas contra la Corte Suprema y el tribunal electoral. El magistrado Alexandre de Moraes, responsable en el Supremo de una investigación sobre difusión de noticias falsas y «ataques a la democracia» a través de internet, ha ordenado allanar las residencias de diez personas, entre ellas un diputado y un cantante de ultraderecha acusados de «conspirar» contra las instituciones.
Se trata de Otoni de Paula, legislador y pastor evangelista, y Sergio Reis, un intérprete de música folclórica de 81 años que se ufana de su amistad con Bolsonaro y tuvo cierto éxito hasta hace una década, cuando dejó la canción para volcarse a la política. «El objetivo es un eventual delito de incitar a la población, a través de las redes sociales, a practicar actos violentos y amenazas contra la democracia, el Estado de derecho y sus instituciones, o contra miembros de los Poderes» de la Nación, ha explicado el magistrado. Esos atentados se sospecha que pudieran ocurrir en el marco de manifestaciones contra el Supremo y la justicia electoral convocadas para el próximo 7 de septiembre, cuando se celebra la Independencia de Brasil, y que son promovidas por el propio presidente Bolsonaro.
EL LÍMITE ENTRE LA LIBERTAD ABSOLUTA Y LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA
Este mismo viernes, tras la nueva ofensiva judicial contra la ultraderecha, Bolsonaro ha reiterado que el 7 de septiembre estará «junto al pueblo» en Brasilia y Sao Paulo pero no con «amenazas», sino por «la libertad», que es «más importante que la propia vida», ha sostenido.
La víspera ya había dicho que «los brasileños están aterrorizados por la supresión de las libertades» y el «derecho de opinión», que considera censurado por la presión judicial contra bolsonaristas que amenazan a magistrados y políticos en las redes sociales, en las cuales llegan a mostrarse empuñando armas de todo calibre.
Sin embargo, al ordenar las acciones de este viernes, el juez De Moraes citó, entre otras cosas, un audio difundido por el cantante Sergio Reis en el que se instaba a «sitiar» Brasilia con camiones el 7 de septiembre, «invadir» el Supremo, «romper todo y sacar a esos tipos a la fuerza», en clara referencia a los magistrados. El magistrado aclaró que «la libertad de expresión no se reviste de carácter absoluto» y no puede ejercerse mediante «la coacción, la fuerza y la violencia», pues así se superan todos los «límites democráticos» y se amenaza la «convivencia pacífica».
EL TIRA Y AFLOJA BOLSONARISTA CON LA CUERDA INSTITUCIONAL
El conflicto de Bolsonaro con la Corte Suprema y el Parlamento comenzó a mediados del año pasado, cuando ambos poderes permitieron a gobernadores y alcaldes adoptar confinamientos y otras medidas para contener la pandemia de coronavirus, en contra de la opinión del Gobierno y la negacionista ultraderecha que le apoya. La reacción fue convocar protestas, a las que llegó a asistir el mandatario, en demanda de una «intervención militar» para «cerrar» el Supremo y el Congreso, manteniendo a Bolsonaro en el poder.
Con su popularidad en caída en picado y su reelección en los comicios de 2022 amenazada, Bolsonaro ahora pasó a sembrar dudas en el sistema de voto electrónico que Brasil adoptó en 1996 y a reclamar que se vuelva al sufragio con papeletas. Sin embargo, tras una firme defensa de la transparencia del voto electrónico por parte de la Justicia electoral y la Corte Suprema, el Congreso rechazó un proyecto impulsado por el bolsonarismo en favor de las papeletas y enterró el asunto.
La virulenta campaña del mandatario contra el voto electrónico fue regada con falsa información, lo que llevó al tribunal electoral y al Supremo a incluirle en investigaciones sobre la difusión en las redes sociales de «mentiras» que «atentan contra la democracia». Bolsonaro ya es objeto de investigaciones también por supuestos fraudes con vacunas anticovid y otras irregularidades, lo que ha sumergido al país en un grave conflicto institucional, frente al cual ya se han manifestado hasta los empresarios y la banca, que han condenado las «amenazas» de la ultraderecha a la democracia.
