Tras nueve largos meses de gobierno en funciones, desde el pasado 28 de abril de 2019, y dos elecciones generales, por fin tenemos un nuevo ejecutivo en España. Una investidura extremadamente compleja ha dado paso al primer gobierno de coalición de la democracia instaurada con la Constitución de 1978.
La investidura ha precisado el apoyo del Partido Socialista, de Unidas Podemos, del Partido Nacionalista Vasco, de Mas País, y de los diputados de Teruel Existe, Nueva Canarias, y Bloque Nacionalista Gallego, en total hasta siete grupos políticos, cuatro de ellos de partidos territoriales.
Además de los apoyos con votos afirmativos, la investidura ha precisado de la abstención pactada previamente de Esquerra Republicana de Cataluña y de Bildu, partido de ideología independentista vasca.
Una geringonça a la española, de una complejidad mayor que la portuguesa que apenas necesitó del apoyo de tres partidos, el Socialista, el Comunista y el Bloque de Izquierdas.
Los acuerdos necesarios para formar gobierno, suponen traspasar varias líneas rojas. Esquerra Republicana de Cataluña mantiene una política de confrontación directa con la democracia española, y su líder Oriol Junqueras está en prisión por malversación de fondos públicos y sedición. Bildu es el partido heredero de los movimientos políticos que ampararon a la organización terrorista ETA. Unidas Podemos incluye en su seno a través de Izquierda Unida al Partido Comunista. Nunca el PSOE había llegado tan lejos como en el actual pacto: ¿virtud o defecto?, sinceramente creo que el riesgo es muy elevado y existían mejores opciones, pero eso poco importa ya.
La geringonça española supone pactar con quienes no dan legitimidad al actual sistema democrático, pero hay que recordar que la geringonça portuguesa precisó de un acuerdo con partidos contrarios a la Unión Europea, para formar un gobierno que como mayor reto tenía cumplir los compromisos presupuestarios con Europa. Ambas contradicciones son de gravedad equivalente. Si Portugal tuvo éxito, España puede alcanzarlo.
El ya formado nuevo gobierno, va a contar con cuatro vicepresidencias, una de ellas para el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, el político salido del movimiento del 15-M. “Pedro Sánchez estará firmando vicepresidencias de 18 a 19 horas en el Corte Ingles de Goya” es uno de los chistes que circulan sobre el elevado número de vicepresidencias, que parecen responder a un intento de diluir el peso político de Iglesias y los suyos. Los miembros del gobierno serán 12 hombres y 11 mujeres, que ocuparán la presidencia, 18 ministerios (3 para Unidas Podemos) y las ya famosas 4 vicepresidencias.
En el acuerdo de gobierno destacan las medidas relacionadas con la transición ecológica y energética, así como la elevación del salario mínimo hasta 1200 Euros mensuales, además de una lista de derogaciones: de la reforma laboral, de la ley de educación, de los copagos en las farmacias, de la “ley mordaza” y de la ley de sostenibilidad de las administraciones locales.
Para la crisis territorial de Cataluña se acuerda, con ERC, la puesta en marcha de una mesa de diálogo entre el Gobierno Central y el de la Comunidad Autónoma, con el mandato de alcanzar un acuerdo de consenso que se sometería a consulta a la ciudadanía de Cataluña.
En relación a las relaciones específicas con Portugal, se hacía mención en el Programa electoral del PSOE de Abril, al impulso de un nuevo acuerdo de cooperación que modernizase el de 1977. El acuerdo PSOE-Unidas Podemos, no lo recoge.
Desde una visión ibérica, resulta decepcionante y triste la ausencia del vínculo peninsular como un valor de primer orden en las acciones de gobierno. La relación hispano lusa, se relega siempre a un segundo o tercer plano de las políticas. Necesitamos cambiar esta situación si queremos que Europa sienta que Iberia es importante para su liderazgo en el mundo.
Por lo demás, las medidas de política general siguen el curso de la alternancia ideológica izquierda derecha, personalmente y como docente me parece absolutamente lamentable que se pretenda (¡otra vez!) derogar una la ley educación sin un consenso general. El acuerdo con ERC de negociación olvida algo básico como es contar con los partidos catalanes no nacionalistas (uno de ellos ganó las elecciones autonómicas).
Pero por encima de toda consideración está la legitimidad de nuestro sistema político y constitucional. Este nuevo Gobierno ha sido elegido conforme a las reglas, y por más que existan circunstancias altamente inquietantes, todos los que somos leales a los valores democráticos, le hemos de desear suerte y acierto.
Pablo Castro Abad es editor-adjunto de EL TRAPEZIO y licenciado en Ciencias del Trabajo
