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Las dificultades en la consolidación de datos de seguridad pública se presentan hoy como uno de los mayores retos del Estado de derecho. El dilema en América del Sur indica la urgente necesidad de una acción coordinada entre países y regiones, capaz de promover debates sobre el asunto, así como la elaboración de una agenda temática prioritaria.

La inconsistencia de informaciones sobre crímenes, narcotráfico, homicidios y otros delitos, además de la baja interlocución entre los principales actores en el combate a las bandas, se traduce en problemas sociales fundamentales, como el aumento de los índices de criminalidad y la creciente sensación de inseguridad en las calles. Se alinean a estas cuestiones la violencia policial y la urgente necesidad de reforma de las instituciones de la administración de la justicia penal. Este enredo conduce a una caótica situación del sistema penitenciario, que se suma a la precaria formación del personal de seguridad y a la lentitud de la Justicia, entre otros problemas.

En el ámbito del sistema carcelario brasileño, por ejemplo, se estima que en el espacio destinado a 450.000 plazas hay casi 800.000 presos, de los cuales aproximadamente 350.000 son presos preventivos. Sin embargo, falta claridad sobre la dirección de las investigaciones, que demuestre una clasificación del porcentaje de presos por tipo de crimen cometido, lo que deja a los gestores públicos a oscuras en el momento de la creación y ejecución de políticas públicas.

Por otro lado, la urgencia de acción pública para el sector salta a la vista cuando datos del Anuario Brasileño de Seguridad Pública de 2020 evidencian que, incluso en medio del enfrentamiento de una crisis mundial de salud, hubo una ola de crecimiento en el número de muertes violentas en Brasil, observada desde el último trimestre del año 2019, contrarrestando la tendencia de caída demostrada entre los años 2018 y 2019.

En ese contexto, el escenario se radicaliza aún más, contemplado bajo la perspectiva regional sudamericana, demostrando la fragilidad o inexistencia de redes que conjuguen esfuerzos en busca de la paz, así como de marcos legales convergentes y de coordinación operacional en materia de inteligencia policial y prevención de conflictos.

Países como Colombia y Venezuela ocupan, al lado de Brasil, una posición alta en los índices de homicidios verificados entre el período que abarca de 2003 a 2012, con medias nacionales que equivalen al doble del considerado epidémico por la Organización Mundial de la Salud (OMS) – es decir, con números iguales o superiores a 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sólo en Venezuela, la tasa de homicidios aumentó de 44 a 53,7 por cada 100.000 habitantes en 2012, representando un aumento del 22% entre los años 2003 y 2012.

En este sentido, los avances logrados por el crimen organizado reflejan la existencia de una paradoja central en América del Sur, ya que, a pesar de la inexistencia de guerras formales entre los países, la región está fuertemente marcada por los altos niveles de violencia social de carácter transnacional.

Se observa que dicha región, en especial en lo que concierne a los países fronterizos, busca – desde el acercamiento político vivido en la década de 1980 – el desarrollo de un Estado de bienestar social colectivo, principalmente bajo aspectos políticos, económicos y culturales.

Sin embargo, para que tal fenómeno se perpetúe, deberán mejorarse estrategias de integración y confianza, las cuales aún sufren con el impacto del crecimiento de la violencia y de la criminalidad transnacional. El narcotráfico está en la base de la violencia criminal en Brasil y en América del Sur; y, sobre todo, de la inseguridad que sentimos en las grandes ciudades de varios países. Conocer su dimensión y debatir soluciones para el tema es urgente. Brasil ha de establecer estrategias para combatir la ruta del narcotráfico.

La arquitectura del crimen organizado transnacional demuestra la actual etapa de complejidad de las organizaciones criminales y de los sistemas que las integran. El arresto de traficantes y la incautación de drogas son medidas relativamente inocuas y de baja capacidad resolutiva. El primer paso es reducir los efectos violentos de la delincuencia, además de debilitar las redes operativas del crimen organizado. Para ello, es necesario aunar esfuerzos a nivel de seguridad pública nacional y transnacional. Trabajar con inteligencia, conocimiento y datos en el ámbito regional.

Ante la baja expresión de acciones articuladas para la superación de la criminalidad como un problema de carácter regional y transnacional – con la consecuente deficiencia de políticas públicas de prevención y enfrentamiento – fue creado el Observatorio de Seguridad Pública y Ciudadanía de América del Sur, que tiene por objetivo promover la integración de datos, informaciones, experiencias, marcos legales, inteligencia y actores del escenario de la seguridad pública sudamericana. Su objetivo es el de ayudar a los procesos de toma de decisiones por los gestores de instituciones públicas y privadas de la región, así como por los poderes y esferas gubernamentales.

Los pilares de actuación tendrán por base la investigación científica, la capacitación y formación, así como el perfeccionamiento de redes de cooperación internacional. Una cooperación amplia en el ámbito de la seguridad pública para la obtención de datos que puede revertir en la mejora de las políticas públicas para el sector en el ambiente iberoamericano, contribuyendo al bienestar de la ciudadanía y a la integración regional.

Uno de los principales fines del observatorio es realizar investigaciones, formación, y el fomento a la creación de redes de cooperación para ampliar la capacidad de todo el complejo sistema de seguridad. En definitiva, posibilitar un nuevo referente que vea en la seguridad pública un espacio importante para la consolidación democrática y para el ejercicio del control social.

Este Observatorio de Seguridad Pública y Ciudadanía de América del Sur es una iniciativa de la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), en colaboración con el Instituto Brasileño de Enseñanza, Desarrollo e Investigación (IDP). Parte de estas premisas forman parte del mandato institucional de la OEI, que contempla, entre otras actividades, el refuerzo y apoyo a procesos de integración, de pacificación y acercamiento de los pueblos que componen esa región.

Raphael Callou – Director de la OEI en Brasil