Hay jugadores; agentes; abogados, y dirigentes de los tres grandes clubes deportivos entre los 47 acusados de la operación Fora de Jogo («Fuera de Juego»), en la que se están investigando sospechas de fraude fiscal calificado y de blanqueo de capitales.
De acuerdo con el Ministerio Público: «En la instrucción se están investigando negocios del fútbol profesional, realizados a partir del año 2015, y que han constituido acciones destinadas a evitar el pago de las prestaciones tributarias debidas al Estado portugués; todo ello, mediante la ocultación o alteración de valores y otros actos inherentes a dichos negocios, con reflejo en la determinación de las mismas prestaciones».
De este modo, la investigación ha vuelto a poner en la agenda mediática el fraude fiscal y los planes de blanqueo de capitales. Aunque también está en el foco público la situación de Rui Pinto, el hacker que está detrás de Football Leaks y de Luanda Leaks, los casos que pusieron bajo investigación los negocios de la empresaria angoleña Isabel dos Santos.
Después de varias manifestaciones, que han unido a cientos de personas a favor de la liberación de Rui Pinto, y de que varios protestantes hayan interrumpido en el Parlamento, gana fuerza una petición que tiene ya con el apoyo de más de 100 figuras públicas. En el texto, que cuenta con firmas de exministros; escritores; eurodiputados, y periodistas, se puede leer: «La aplicación de la prisión preventiva – con períodos de aislamiento absoluto – a un ciudadano portugués, cuatro años después de la supuesta comisión de un delito de extorsión en la forma tentada, es algo inédito en Portugal».
Ahora, con la operación Fora de Jogo de actualidad, se vuelven a sumar voces sobre la situación de Rui Pinto, y en Portugal se debate nuevamente si debemos castigar a los denunciantes o a los denunciados. Por ejemplo, Ana Gomes, antigua eurodiputada, que ha seguido de cerca el caso, aprovechó para compartir en Twitter un mensaje de Rui Pinto: «Durante años, y a pesar de las constantes advertencias de que Portugal se había convertido en una plataforma de lavado de dinero de la cleptocracia angoleña, las autoridades judiciales y de regulación no hicieron nada. Como ciudadano hice simplemente mi deber al ayudar a exponer este y otros crímenes; y, aun sabiendo de antemano la primitiva persecución de que son objeto los denunciantes en Portugal, volvería a hacerlo», escribió el pirata informático.
