Los portugueses permanecerán confinados en el municipio de residencia durante la Semana Santa

La prórroga del estado de emergencia trae nuevas medidas y nuevos desafíos

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El estado de emergencia en Portugal ha sido prorrogado por otros 15 días, una medida esperada por la mayoría de la sociedad. Después de la votación en el Parlamento y el Consejo de Ministros, se han aprobado las nuevas medidas que deben aplicarse en la lucha contra el coronavirus, el cual ya ha infectado a más de 9.000 personas en territorio portugués. El primer ministro, António Costa, ha comparecido ante los periodistas para anunciar cuáles son los principales puntos, ya en vigor, que forman parte del decreto presidencial.

Con este nuevo decreto, quedan prohibidas las reuniones en la calle de más de cinco personas (salvo si existen lazos familiares); aeropuertos cerrados (algo raro en un período festivo como el de Semana Santa, en el que se recibía a turistas, especialmente españoles, que aprovechaban estos días para conocer un poco más el país); suspensión de alquileres en caso de pérdida de ingresos; refuerzo financiero a los municipios, lo que les permite endeudarse para luchar contra la Covid-19, o la ampliación del plazo estipulado para que los propietarios limpien los bosques. (son algunas de las nuevas medidas aprobadas).

Confinados en casa durante la Semana Santa

António Costa ya ha pedido a los emigrantes portugueses que no vuelvan al país en esta Semana Santa. Y, para garantizar que los residentes no se desplacen mucho en los próximos días, lo que puede provocar una mayor propagación del virus, el Gobierno ha decretado un confinamiento riguroso en el municipio de residencia durante el período de Semana Santa. Del 9 al 13 de abril sólo podrán salir de sus zonas de residencia personas que tengan que ir a trabajar, y estas deberán portar un documento o declaración que demuestre su lugar de trabajo. También se permiten visitas al hospital o traslados relativos a acuerdos parentales. Todos los demás desplazamientos en coche, transporte público o, incluso a pie entre municipios, están estrictamente prohibidos.

Este «cerco» a los desplazamientos ya se nota, con un mayor control por parte de las fuerzas de seguridad cerca de las entradas de las grandes ciudades, y con drones en el aire equipados con cámaras que captan los movimientos de los ciudadanos que no cumplen las medidas gubernamentales. Cualquiera que rompa la cuarentena será acusado de desobediencia. Las Fuerzas Armadas también estarán reforzadas y listas para hacer cumplir la ley.

 Indultos humanitarios

Los indultos presidenciales habituales, que suelen concederse en Navidad, se agilizarán e incluirán a personas mayores o vulnerables. Esta medida prevé un «perdón parcial de las penas de prisión de hasta dos años, o en los últimos dos años de sus penas». Homicidas, violadores o agresores no estarán cubiertos por esta «licencia precaria», que tendrá un período inicial de 45 días.

De este modo, 1.200 presos podrán salir pronto de las cárceles, uno de los posibles focos de contagio, además de los hogares, que más preocupaciones están suscitando. Para salir, estas personas tendrán que realizar una cuarentena domiciliaria obligatoria y, si no lo hacen, o vuelven a recaer en algún tipo de actividad criminal, volverán a prisión.

Lo que también se espera es que todos los pacientes con Covid-19 estén exentos del pago de las tasas de desplazamiento a un hospital u otro centro de salud.

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