TAP espera volar a partir del 1 de julio desde Lisboa a Madrid, Barcelona, Sevilla y Málaga

La aerolínea lusa ha formalizado el mes pasado una petición de auxilio al Estado portugués

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La aerolínea portuguesa TAP ha divulgado su plan de reanudar vuelos, en el que prevé pasar de las 18 conexiones semanales que opera actualmente a 247 en julio, cuando volverá a volar a Madrid, Barcelona, Sevilla y Málaga.

La compañía, que ha llegado a reducir su operación a cinco vuelos semanales a los archipiélagos lusos de Madeira y Azores por la pandemia de coronavirus, ha ido añadiendo conexiones en las últimas semanas y va a acabar mayo con 18 vuelos semanales a destinos de Portugal, Brasil (São Paulo y Rio de Janeiro), Londres y París.

En el mes de junio, espera ampliar su red con vuelos a Newark (Estados Unidos), Maputo y Luanda, y ampliar las frecuencias en algunas de las conexiones que ya opera. Esta reanudación está prevista para junio, cuando espera recuperar parte de los destinos a los que volaba, aunque todavía estará muy lejos de los 3.000 vuelos semanales que realizaba antes de la covid-19.

A partir del 1 de julio volará, desde Lisboa, a Madrid y Barcelona (14 vuelos semanales a cada ciudad), y también a Sevilla y Málaga (tres conexiones a la semana).

En Europa, TAP retomará las conexiones entre la capital lusa y Bruselas, Ginebra, Zúrich, Fráncfort, Hamburgo, Berlín, Dublín, Niza, Lyon, Amsterdam, Luxemburgo, Estocolmo, Copenhague, Milán y Roma, y volará de Oporto a París y a Luxemburgo. En el continente americano, recuperará los vuelos con Recife, Fortaleza, Boston, Miami y Toronto, y en el africano volverá a operar en Dakar, Praia y São Vicente. La aerolínea ha avisado que podría ajustar estas rutas «siempre que las circunstancias lo exijan».

TAP ya estaba en una situación delicada antes de la actual crisis derivada del coronavirus, que agravó su estado y la llevó a suspender temporalmente de empleo al 90% de la plantilla. La aerolínea ha formalizado el mes pasado una petición de auxilio al Estado portugués, y el Gobierno no descarta ninguna opción para intervenir en la compañía, incluida la nacionalización.

En la actualidad, el Estado portugués es propietario del 50% de la empresa, mientras que el consorcio privado Gateway tiene un 45% y el 5% restante está en manos de los trabajadores.

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