Capitalidad compartida

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El centralismo del Estado liberal se conceptúa desde el principio básico de establecer formas de organización más eficientes e igualitarias. El camino centralizador del siglo XIX ofrece una teórica igualdad de oportunidades para que cada quien conquiste el lugar que le corresponde en la sociedad de acuerdo a sus méritos, capacidades o trabajo, olvidando para siempre los privilegios de casta o linaje y los privilegios de los territorios.

La igualdad tiene, por tanto, una manifestación social, y otra territorial. La igualdad de oportunidades y la meritocracia son valores por todos compartidos.

Sin embargo, la implantación del sistema liberal democrático y central ocasiona la problemática de generar una uniformidad anuladora de las tradicionales formas de gobernanza. Toda modernización deja atrás lo viejo, pero lo viejo puede ser valiosamente antiguo y tradicionalmente conveniente.

Encontrar un punto de equilibrio óptimo, entre lo que se ha de eliminar y lo que ha de desarrollarse, es el desafío.

La organización territorial de España surgida de la Constitución de 1978 se hizo con una amalgama de tradiciones (los Fueros vascos, la Generalitat catalana). Sin romper con la organización del Estado centralista y sus administraciones territoriales (la provincia y sus diputaciones), también llegaron las Comunidades Autónomas. Un buen lío, y además caro, y para colmo, lejos de satisfacer a los defensores de las singularidades territoriales, estas se han ido exacerbado.

La cuestión territorial en España no está bien resuelta y casi todos los partidos proponen reformas, que van desde la supresión de las autonomías, a modelos federales y confederales.

Estamos en una situación compleja por las carencias del sistema y la imposibilidad de los consensos necesarios para las reformas.

Portugal optó, en su Constitución de 1976, por un modelo de Estado unitario que, no obstante, estableció la creación de Regiones Administrativas. La llamada regionalización fue rechaza en referéndum en 1998. Una propuesta de António Guterres, entonces primer ministro y actual secretario general de la ONU. La idea ha sido relanzada por el actual Gobierno, con una propuesta sobre la mesa de crear cinco regiones administrativas: Algarve, Alentejo, Lisboa y valle del Tajo, Centro y Norte

En Portugal la cuestión territorial parece importar más a los políticos que a la población. No obstante, parece que es necesaria cierta descentralización regional por una cuestión de eficiencia en la gestión pública. Es probable que, en esta legislatura, previo referéndum, asistamos a la regionalización del Portugal continental. El modelo que pueda definirse en ningún caso alcanzará las cotas de las autonomías en España, ni las de Madeira y las Azores.

Pero hay un camino diferente y poco explorado que podría aplicarse tanto en España como en Portugal, que es la dispersión geográfica de los órganos centrales del Estado.

Hoy en día no se necesita la concentración geográfica del poder. Gracias a la tecnología y a la facilidad de transporte, los ministerios pueden estar diseminados por todo el territorio sin problemas, hasta una Dirección General podría estar en Cádiz y otra en Santander. Para las ciudades es muy atractivo disponer de sedes gubernamentales, donde se debería primar la experiencia y la especialización regional. Algunos ejemplos: desde el País Vasco se puede llevar la Formación Profesional, pues la FP en el País Vasco se organiza muy bien; en Badajoz necesitaríamos Industria; Exteriores se quedaría en Madrid; en Barcelona por supuesto Administraciones Territoriales.

En este sentido ya en 1992, Pascual Maragall, alcalde de Barcelona, propuso trasladar el Senado a Barcelona, con poco éxito y críticas del nacionalismo catalán y español. Hace pocas fechas el presidente valenciano, Chimo Puig, ha propuesto que el Tribunal Constitucional vaya a Cádiz como ciudad donde se promulgó la primera Constitución de España.

Portugal igualmente puede explorar esta vía y descomprimir el centralismo de Lisboa trasladando sedes gubernamentales centrales a Oporto, Coímbra, Faro y sobre todo a ciudades del interior.

Además de en eficiencia, la localización por toda la geografía del Estado de instituciones centrales es sin duda un factor de cohesión nacional. Cualquier ciudad que alberga instituciones centrales del Estado va a tener una mayor querencia por el proyecto común que si es tratada simplemente como una periferia del poder central ubicado en la capital.

Por último, si nos referimos a la regionalización propuesta en Portugal, las nuevas regiones de Portugal, si finalmente salen adelante, podrán cooperar de manera mucho más eficiente y simétrica con las Comunidades Autónomas de España. La experiencia española debe servir en Portugal para no repetir algunos errores, como es el exceso de burocracia y la duplicación de servicios, y aprovechar los aciertos, que vienen por la mayor proximidad de las administraciones a los territorios.

 

Pablo Castro Abad

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