«¡Oh! Bendito lo que siembra
Libros a mano completa
¡Y manda al pueblo pensar!
El libro, cayendo en el alma
Es germen – que hace la palma,
Es lluvia – que hace el mar!»
Castro Alves
Hay ciertas cosas que parecen representar un tabú en la mayoría de los países de Occidente. No ceder el asiento a ancianos en el transporte público; escupir en el suelo de un hospital, o hacer cola en el banco. Son conductas contrarias a reglas, que brotan directamente del «sentido común» y de la «empatía». Un acuerdo no escrito entre los miembros de la sociedad.
Existen, en el plano del derecho público, ciertos principios y valores que son la versión positivada de esa «caballerosidad». El principio de moralidad, por el cual la Administración pública debe regirse no sólo por la ley, sino también por la buena fe, la lealtad y la probidad; y el valor de la dignidad humana, que hace que todo ser humano merezca el mismo respeto y consideración por parte del Estado y de la comunidad. Estos son buenos ejemplos.
La sociedad brasileña asistió, hace menos de tres semanas, a una orquestación parlamentaria que, valiéndose de acusaciones demagógicas (cubrir los gastos generados por la pandemia de la covid-19), pretendía violar, en la oscuridad de la noche, y en contra de la propia constitución, una de las reglas protectoras de la educación y la cultura.
La ley que está bajo discusión instituiría el cobro de la contribución social sobre Operación con Bienes y Servicios (CBS) del 12% sobre libros; impactando, en un 7,2%, el margen de lucro de las editoriales. Para compensar esa diferencia, los empresarios del ramo necesitarían aumentar en un 20% los precios de las publicaciones, según cálculos del sector.
Los editores y productores de libros afirman apoyar una reforma tributaria, pero defienden, con toda razón, que los libros mantengan la inmunidad y las deshonraciones actuales.
El problema es que, la Constitución brasileña, como la mayoría de sus congéneres occidentales, prohíbe la tributación de libros, revistas y otros artículos impresos. Y no sólo la prohíbe, sino que lo hace por medio de una «cláusula pétrea». Es decir, si los parlamentarios quisieran instituir tributos sobre ese tipo de bienes, sólo podrían hacerlo amparados por una nueva constitución. El objetivo de esta regla es proteger la libertad de pensamiento; la libre manifestación de la comunicación, y el acceso a la información porque, evidentemente, es competencia del Estado proporcionar esos derechos a la sociedad.
Si el nefasto plan se materializara, Brasil se convertiría en uno de los pocos países de América Latina que gravarían los libros con medios tributarios. De hecho, después de que Bolivia concediera inmunidad a los libros en 2013, sólo Chile y Guatemala insisten en este medio retrógrado de recaudación de fondos.
Guatemala es uno de los países donde se lee menos de un libro por año; y, además, los resultados de los estudios del Consejo de Lectura muestran que sólo el 1% de la población del país declara que lee porque le gusta hacerlo.
Sobre la base de estudios promovidos por el Ministerio de Educación guatemalteco en 2010, sólo el 47,5% de los alumnos del primer curso de la enseñanza primaria; el 52% del tercer curso, y el 30% del sexto curso, tienen un nivel satisfactorio en las evaluaciones de lectura. La estadística empeora entre los graduados, ya que sólo el 23,6% pasan las pruebas de lectura, de acuerdo con datos de 2011.
No es que no haya libros o que la producción literaria sea baja. De acuerdo con el periódico guachupín Prensa Libre, el país ocupa el segundo lugar en Centroamérica en producción editorial, con 790 títulos nacionales en el mercado (2010), según datos del Centro Regional para Fomento del Libro. En cualquier caso, las condiciones que más afectan son la falta de acceso al material de lectura (sin duda, la fiscalidad dificulta); la pobreza, y el desinterés.
Al contrario de lo que sucede en Chile, en Guatemala, único país de Centroamérica que cobra IVA por la venta de libros, no hay iniciativas significativas (ni parlamentarias ni en la sociedad civil), que promuevan la eliminación del impuesto del 13%.
Chile era un país sin impuesto sobre los libros hasta diciembre de 1976; siendo el gobierno de Augusto Pinochet el primero que extendió el IVA a las publicaciones impresas. Por medio de una simple (y al mismo tiempo maquiavélica) maniobra tributaria, instalada por decreto, surgió una de las más sutiles herramientas de control y censura.
De acuerdo con la Encuesta Global Gfk («Crecimiento a partir del Conocimiento»), teniendo como tema la frecuencia de lectura de libros, el 22% de los chilenos declaraban hacer una lectura diaria de libros, mientras que 4% dijeron que nunca o raramente leen (abril de 2017). De acuerdo con ese mismo informe, Chile está muy por debajo del promedio mundial: en un promedio internacional, el 59% de los encuestados dicen que leen, al menos, una vez por semana, contra el 40% de la población chilena.
El impacto de la tributación de libros en Brasil podría ser más profundo y gravoso que en el vecino sudamericano. De acuerdo con la 4ª edición de la investigación Retratos de la Lectura en Brasil, desarrollada por el Instituto Pro-libro, el brasileño tiene un promedio anual de 4,96 libro por habitante. Sin embargo, sólo 2,43 de estos libros han sido leídos de principio a fin. Esto evidencia que el brasileño todavía no considera la lectura como una prioridad.
Es curioso que este debate sobre la supresión de la inmunidad fiscal de los libros tenga lugar en un momento en el que la venta de libros empieza a mostrar una pequeña recuperación, ante la pandemia del coronavirus. Aunque el mercado editorial estaba atravesando una considerable retracción en los últimos cinco años, una encuesta realizada este año por el Sindicato Nacional de Editores de Libro muestra que, en el período entre el 18 de mayo y el 14 de junio, el sector ha tenido ganancias por 109 millones, lo que supone un aumento del 31%, comparado con el mes anterior. Según el estudio, la evolución del sector es visible y representa una inversión potencial en la curva descendente, debido a la crisis general de la pandemia.
No hace falta ser un experto para darse cuenta de que la política tributaria de un país revela las prioridades de sus dirigentes. El libro, que es un bien tan esencial como el agua o el alimento, debe ser deshonrado, mientras que los artículos de lujo pueden tener sus alícuotas aumentadas. Esa fue una de las opciones que el constituyente; representante del pueblo, y consciente de la gravedad del tema, decidió proteger a través de una cláusula pétrea. En resumen, un legislador debería tener un mínimo de sentido común (y empatía) antes de tomar decisiones que amplíen los gastos del contribuyente; y, por ende, que perjudiquen a la sociedad en su conjunto.
Danilo Arantes
