La localización del Centro Ibérico de Energía Renovable en Cáceres ha sentado como un jarro de agua fría en el Ayuntamiento de Badajoz tras años esperando un proyecto que, finalmente, será ubicado en Cáceres tras el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado martes. “Esto no va contra nadie, no es una cuestión crítica ni forofismo local. Obedece a una promesa y acuerdo del Gobierno de España con la ciudad de Badajoz en una cumbre”, explica el alcalde de la capital pacense, Ignacio Gragera, a Canal Extremadura.
Gragera dice alegrarse por la ciudad de Cáceres, pues se convertirá en un referente energético renovable, pero lamenta que esa inversión que -según sus propios cálculos rondaría los 200 millones de euros y supondría la contratación de unas 200 personas- se vaya de la ciudad para instalarse en Cáceres. “Mi obligación es defender las inversiones en Badajoz”, afirma Gragera al tiempo que anuncia una respuesta oficial reclamando que la inversión vuelva a la ciudad “de alguna manera, con alguna alternativa u orientación”. Ignacio Gragera lamenta que “se desvista a un santo para vestir a otro” y que se cree “enfrentamiento” entre las dos ciudades extremeñas. “No tengo problemas con Cáceres ni con los cacereños. Ni lo tengo ni lo tendré nunca, pero tengo que defender lo pactado y prometido”.
Proyecto de Cáceres
El centro seguirá el modelo de gestión del Laboratorio Ibérico Internacional de Nanotecnología (INL) situado en Braga (Portugal) y creado en 2005 en una cumbre hispano-portuguesa. El convenio, firmado por el Ministerio de Ciencia e Innovación con el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), la Junta de Extremadura y la Fundación Fundecyt-Parque Científico y Tecnológico de Extremadura busca llevar a cabo las actuaciones necesarias para la creación, equipamiento y puesta en marcha del centro de energía.
Para ello, el Gobierno español destinará cerca de 58 millones de euros hasta 2023, de los que unos 53 millones de euros proceden de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, mientras que el Ejecutivo regional aportará 16,6 millones de euros.
