Quizá resulte de interés para quien lee este artículo saber que el que lo escribe no es castellano, ni leonés, ni castellano-leonés, pero que lleva residiendo en Castilla y León casi una década en varias de sus ciudades tanto del antiguo reino de León como del otrora reino de Castilla (la Vieja), incluyendo Valladolid –en tiempos leonesa, en tiempos castellana–, capital oficiosa de esta macro-región.
Dicho esto, reparemos en el último “palabro” –macro-región– y entendamos por ello un área geo-natural muy extensa –la cuenca mesetaria del río Duero, grosso modo– y también un espacio geo-administrativo igualmente muy amplio –Comunidad Autónoma de Castilla y León– que en su propia denominación lleva intrínseca una noción birregional –el reino de León y el reino de Castilla en sus ámbitos geo-históricos nucleares–. No entraremos aquí a matizar otras realidades micro-regionales castellanas y leonesas (El Bierzo, El Condado de Treviño, las vertientes castellanas del Ebro o del Tajo, los territorios surdurienses o extremaduras históricas, zonas montañosas, etc.) por no ser determinantes al objetivo del texto.
Castilla y León es, sintetizando, una macro-región autonóma constituida por dos regiones históricas, teniendo en cuenta el recorte de las antiguas provincias castellanas de Santander y Logroño. Casos birregionales parecidos se dan en otras partes de España como en Andalucía, conformada por la Andalucía del Guadalquivir y por el antiguo Reino de Granada, reinterpretado hoy como Andalucía Oriental. O, con otros matices, la antigua Castilla la Nueva, la cual sí quedó dividida en dos autonomías: Madrid y Castilla-La Mancha, aunque tal vez más lógica hubiera sido la partición en Castilla-Centro por un lado (provincias de Madrid y Guadalajara) y la región estrictamente manchega por otro.
Volviendo al Duero, es evidente que su carácter de geografía fluvial y territorial –cuya cuenca corresponde en un 98% a Castilla y León– nos habla de un espacio regional concreto desde el punto de vista topográfico. No existen fronteras orográficas entre la parte castellana y la parte leonesa que hayan dificultado la conjunción entre ellas, lo que ha determinado un proceso histórico tendente a la unidad. Esta circunstancia geográfica ya explicaría por sí sola –para muchas personas– la existencia de la actual Comunidad Autónoma. Sin embargo, este hecho pasaría por alto otros fundamentos sin los cuales el edificio territorial es inestable. Nos referimos concretamente a la circunstancia histórica, la que en el caso de Castilla y León no se ha tenido en cuenta, al menos no lo necesario.
Así parece corroborarlo la reivindicación latente de muchos sectores de la sociedad leonesa –León, Zamora, Salamanca–, sobre todo en los últimos tiempos. La incorporación del topónimo leonés al nombre de la Comunidad durante el proceso de constitución autonómica no ha sido suficiente, como era de esperar. Recordemos aquí que la precedencia de Castilla se debe no tanto al mayor contenido territorial de la Comunidad sino al orden de intitulación regia desde la unión de 1230, pues fue un rey castellano el que heredó el reino de León y no al revés. Pero esta prelación, entre otros muchos motivos, ha tendido a diluir lo leonés en lo castellano y era cuestión de tiempo que el león rugiera con fuerza. No es –únicamente– una cuestión de identidad, sino también –y sobre todo– de precisión histórica. León no es Castilla como tampoco puede reducirse España a lo castellano, al-Andalus a lo andaluz, Gallaecia a lo gallego o Lusitania a lo portugués. Porque la Historia pesa, guste o no, aunque no ha de servir para legitimar ni para justificar acciones presentes y/o futuras.
Por eso es necesario reconocer la Región de León, como también Granada o Lusitania, siempre y cuando se desprendan de toda connotación esencialista y se ajusten a la realidad social y política del siglo XXI. Macro-regiones como Castilla y León, al igual que las euro-regiones, pueden ser muy operativas en términos de ordenación y administración territorial o de marcos de acción común interregional pero no deben de eliminar de un plumazo las herencias históricas. No debería tenerse por incompatible la existencia de comunidades birregionales con el grado de competencias autonómicas redistribuido (no duplicado) y bien definidas entre ellas. Lo que no parece muy equilibrado es que en España unas comunidades sean uniprovinciales y otras tengan ocho o nueve provincias. El reconocimiento de la región leonesa y el replanteamiento autonómico y birregional de Castilla y León podría encauzar, incluso, una España en clave federal y, ¿por qué no?, una Iberia en clave confederal.
Además, desde la óptica iberista y, particularmente, desde la óptica rayana, la implementación de la región leonesa resultaría muy positiva por cuanto permitiría concentrar recursos para revitalizar y revalorizar una de las zonas ibéricas más expuestas a la despoblación y aglutinadoras de una extraordinaria riqueza cultural, donde lo español se mezcla con lo portugués y perviven tesoros de origen medieval como la lengua asturleonesa. Valga la puntualización de que no hay, como se ha dicho en numerosas ocasiones, tres Iberias –portuguesa, castellana y catalana–, ni cinco –más gallega y vasca–, sino tantas como miradas se proyecten. Y nuestra mirada no puede ajustarse a la mera circunstancia idiomática –que, además, obvia otras tantas lenguas minoritarias ibéricas–. Ha de abarcar todo el espacio, el tiempo y la perspectiva social y cultural posibles. La reivindicación de León no ha de sustentarse en una supuesta nación asturleonesa de corte lingüístico. Se trata, ante todo, de valorar una entidad histórica en tanto que patrimonio de todos los habitantes de la Península.
Juan Rebollo Bote
