Esta semana los estudiantes brasileños han regresado a las aulas con una nueva normativa: la prohibición del uso de teléfonos móviles en las escuelas. La medida, impulsada por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, busca mejorar la concentración de los alumnos y reducir los efectos negativos del uso excesivo de pantallas en el entorno educativo.
El impacto del uso de los móviles en el aprendizaje de los niños y adolescentes es un asunto de mucha relevancia en países iberoamericanos; sin embargo, parece no haber un consenso entre los diversos estudios y expertos alrededor de este tema. Mientras algunos estudios sugieren que su uso supervisado puede tener beneficios pedagógicos, otros advierten sobre los riesgos de distracción, ciberacoso y disminución del rendimiento académico.
En su discurso dando a conocer esta medida, Lula da Silva, ha citado a España como ejemplo de uno de los países que ya ha implementado restricciones similares. ¿Cuál es la situación en el territorio español?
España y la regulación del uso de móviles en las aulas
En España, 9 de las 17 comunidades autónomas han prohibido o anunciado la prohibición del uso de teléfonos móviles durante la jornada escolar, con variaciones en su implementación y alcance.
La Comunidad de Madrid estrenó el curso escolar 2020/2021 con la prohibición del uso de teléfonos móviles en colegios e institutos. Esta medida formó parte de su Estrategia integral para la Convivencia escolar y en el Plan de Ciberseguridad del Ejecutivo regional, que busca mejorar los resultados académicos de los alumnos y luchar contra el ciberacoso y el bullying.
Por su parte, a través de la Orden del 28 de agosto de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, publicada en 2024, Castilla-La Mancha estableció como regla general que, en las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria, el alumnado no asistirá con teléfonos móviles al centro. En el caso de la Educación Secundaria Obligatoria, únicamente se pueden utilizar con fines pedagógicos y bajo la supervisión del profesorado.
También desde 2024, en enero, la Xunta de Galicia publicó su respectivo protocolo que prohíbe usar el teléfono durante la totalidad de la jornada escolar, y no solo en los períodos lectivos, para los colegios e institutos. En la misma fecha, la Región de Murcia adoptó la misma medida. Un año después de su implementación, el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, presentó en un informe al Gobierno de la región resultados calificados como “muy positivos”. Así, afirmaba que la prohibición resultó en una reducción de casi 73% de los casos registrados de ciberacoso en el entorno escolar.
A estas comunidades le siguió Extremadura, que desde el 1 de marzo de 2024, prohíbe el uso y exhibición de dispositivos móviles en todo el recinto escolar y en todas las etapas educativas, para todos los centros no universitarios sostenidos con fondos públicos. De igual forma, la Comunidad Valenciana comenzó a implementar una prohibición del uso de móviles con similares restricciones.
Las últimas comunidades autónomas que han sumado restricciones para el uso de teléfonos en las aulas fueron Andalucía, que anunció que lo regulará mediante decreto a partir del curso 2025/2026, y Baleares, con una norma que entraría en vigor recién a partir de este 2025. Cataluña sin embargo quiere ir un paso más allá. Un año después de prohibir el uso del móvil en el aula infantil y primaria, esta semana, la consellera de Educació, Esther Niubó, ha planteado ampliar la prohibición del móvil en el aula a todas las etapas educativas y restringir el uso de pantallas en infantil.
Las otras 8 comunidades autónomas establecen limitaciones o son los mismos centros los que se encargan de regular o restringir el uso de los móviles entre los alumnos.
Un debate en evolución
El uso de teléfonos móviles en las aulas es un tema que genera posturas encontradas en el ámbito educativo y político. Mientras algunas comunidades defienden la prohibición total, otras apuestan por una regulación más flexible que permita su uso con fines pedagógicos.
Brasil y España avanzan en la misma dirección, pero con enfoques adaptados a sus contextos. La clave ahora será evaluar los efectos a largo plazo de estas restricciones y su impacto real en el rendimiento académico y el bienestar de los estudiantes.
