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El pasado 19 de noviembre, el Congreso de los Diputados de España aprobó una nueva ley educativa, la conocida como «Ley Celáa», nombre de la ministra del ramo.

El nombre de la ley es algo largo: «Ley Orgánica de Mejora de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE)». Se trata de la novena ley educativa de la democracia. Esta ley deroga la anterior Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobada bajo un Gobierno del PP, que a su vez modificaba la Ley Orgánica de Educación (LOE), puesta en marcha por un Gobierno del PSOE.

Ha muerto la LOMCE, ¡viva la LOMLOE! Parece una broma, pero es lo que tenemos. Una LOMLOE que nace con una esperanza de vida equivalente a la duración del signo político del actual Gobierno.

La situación educativa de Portugal se toma como ejemplo en España. La mejora en los resultados de evaluación internacional y el bajo nivel de conflicto político en el área, favorecen una percepción muy favorable del sistema portugués, especialmente en la izquierda política. Existe cierta idealización de la realidad portuguesa, que no se corresponde del todo con la realidad, pero que no deja de congratularnos como defensores del iberismo.

Volviendo a España, la dinámica política con la educación produce indignación y vergüenza. Indignación por padecer constantes vaivenes en el marco educativo, que afectan a la estabilidad de la educación. Vergüenza, por formar parte de este sistema desde dentro, como profesor; y desde fuera, como ciudadano y padre. Vergüenza que siento, especialmente, cuando realizo viajes de intercambio de experiencias a otros países y me toca explicar lo que ocurre en España.

La pregunta que me hacen fuera de España es obvia: ¿cuál es el problema que origina tanto cambio? Hago lo que puedo y lo explico; resumiendo las principales discrepancias que han llevado al continuo cambio de leyes en cuatro aspectos principales, a los que aportó mi visión.

1. Educación privada y concertada. Es quizá el principal punto de fricción, seguramente por el contenido económico que incluye.

La educación concertada consiste en que las comunidades autónomas financian a los colegios privados, de manera que las familias no han de pagar nada al colegio. Esa es la teoría. Sin embargo, en la práctica, muchos de estos colegios imponen a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones, o establecen servicios extraescolares obligatorios. Es decir, que casi siempre se acaba pagando, de manera que los escolares provenientes de familias con menos recursos ven limitada la posibilidad de ir estas escuelas.

La nueva ley quiere acabar con estas prácticas. He de decir, que estoy plenamente de acuerdo con garantizar que la enseñanza concertada sea verdaderamente gratuita. Las cuotas encubiertas atentan contra aquello que dicen defender las organizaciones de colegios concertados: la libertad de enseñanza. Rechazo también que se eliminen los conciertos, pues este modelo garantiza la diversidad de enfoques educativos, lo que enriquece al conjunto del sistema.

2.Exigencia académica. Es un punto de confrontación. Se establece una dicotomía entre una educación inclusiva, y una educación selectiva y excelente. La izquierda pone el acento en la inclusión, y la derecha en la excelencia. La ley de los años 90, la LOGSE, favoreció un modelo integrador. En ese sentido, se estableció la posibilidad, por primera vez, de pasar cursos sin tener aprobadas la totalidad de las asignaturas, siempre que el equipo docente considerase que el alumno cumplía con los objetivos generales.

Esa «flexibilidad» del sistema, y la masiva llegada de inmigrantes, se señalaron como las causas del descenso del nivel académico, que se reflejó en informes internacionales como PISA.

El PP, como receta, sacó, ¡cómo no!, su propia ley, la LOCE. Una ley que incidía en la cultura del esfuerzo. Con todo, la nueva ley de Celáa recupera la idea de flexibilidad académica, y permitirá pasar de curso con asignaturas pendientes. Se trata de evitar repeticiones de curso que, según entienden, son perjudiciales.

Tengo un consejo sencillo para esta polémica: dejen total libertad al profesor. Cada profesor sabe hasta dónde exigir, y hasta dónde llegar. Siempre ha habido profesores más y menos exigentes. En esa diversidad, el alumno va aprendiendo a situarse, y a establecer lo que a la postre más le puede servir: su auto-exigencia.

3.Lengua vehicular de la enseñanza. En España hay seis comunidades autónomas que tienen dos lenguas oficiales. Cada una de ellas tiene un tratamiento diferente de las lenguas en la educación. La polémica está presente en todas esas regiones, pero donde muestra mayor conflicto es en Cataluña.

En Cataluña, la educación pública y concertada se imparte exclusivamente en idioma catalán, y el español o castellano sólo dispone de dos horas a la semana. Con esta política de la denominada «inmersión lingüística», se quiere garantizar el conocimiento del catalán por toda la población.

Ha de destacarse, que la población catalana tiene como lengua materna, de manera mayoritaria, el castellano. Creo que el nacionalismo catalán se equivoca en su política lingüística. Las imposiciones acaban produciendo rechazo. El ejemplo del País Vasco, donde se puede elegir estudiar principalmente en euskera, principalmente en castellano, o de manera equilibrada en ambos idiomas, es más acertado. Las lenguas sirven para entenderse; confrontarlas es un error. La nueva ley elimina la referencia al castellano como lengua vehicular en la educación. No es razonable. No traerá nada bueno.

4.Religión y asignaturas de educación cívico-democrática. En la enseñanza de religión católica, las posiciones van desde la izquierda de Podemos, que quiere sacarla del horario escolar, a las de la derecha, que pretende que sea evaluable y computable académicamente a todos los efectos. Con la nueva ley, la asignatura será de oferta obligatoria; voluntaria para el alumno, y no contará en su expediente académico. Este es el principal cambio, pues en la LOMCE que aprobó el PP sí contaba para las calificaciones oficiales del alumno.

En cuanto a las asignaturas de educación cívico-democrática, la polémica viene por tratar estos contenidos de manera transversal o como disciplina independiente y evaluable.

Durante el franquismo, los valores de la dictadura se transmitían a través de una materia «formación del espíritu nacional». Quizá de manera reactiva, se eliminó cualquier materia de contenido «político», y los valores democráticos se incluyeron transversalmente en las diferentes materias.

En 2006, sin embargo, el Gobierno del socialista Rodríguez Zapatero aprobó la Ley Orgánica de Educación (LOE), que incluyó en los currículos educativos la materia de educación para la ciudadanía y los derechos humanos. Una materia que debería haber tenido un consenso profundo, pues recogía los valores que permiten la convivencia democrática. De hecho, acabó envuelta en un agrio enfrentamiento ideológico; con acusaciones de promover el «laicismo; el relativismo moral; el positivismo jurídico, y la “ideología de género”».

Finalmente, el PP eliminó la asignatura de ciudadanía, y se volvió a la transversalidad que la «Ley Celáa» mantiene; introduciendo como objetivo genérico: «Los alumnos deberán adquirir un conocimiento profundo de la historia de la democracia en España, desde sus orígenes hasta la actualidad, con el fin de asentar los valores cívicos y contribuir en la formación de ciudadanos más libres, tolerantes y con sentido crítico».

Particularmente, soy partidario de la existencia de la materia de ciudadanía, como ocurre en Portugal y en otros muchos países europeos. La transversalidad pierde cualquier concreción en los contenidos. Los fundamentos han de explicarse con rigor.

La situación en que la política deja a la educación es lamentable. Nueve leyes educativas en 40 años, mientras seguimos empeorando en la mayoría de los indicadores. En lo que único que hay consenso es en la necesidad de consenso. Sin embargo, la realidad es que ni lo hay, ni se le espera.

Ello no me lleva a perder mi vocación y pasión por la enseñanza. Cada día sigue produciéndose el mágico acontecimiento en el que un profesor transmite conocimientos; valores; actitudes, y destrezas a sus alumnos; sin interferencias políticas. Nada pinta la política en la intimidad de las aulas.

Pablo Castro Abad