Español Portugués, Portugal

En mis artículos anteriores comentaba los derechos que perdieron los oliventinos a partir de la incorporación de esta localidad a la corona española en relación con el uso de su lengua nativa y el incremento de impuestos respecto a los que se pagaban en época portuguesa, demostrándose el incumplimiento de uno de los acuerdos que se pactaron al rendir la plaza:

«5º Todos los habitantes serán mantenidos en todos sus derechos y privilegios, y todos los que quisieren salir de la plaza podrán hacerlo libremente, vender y servirse de sus bienes.»

En este caso, y para terminar esta serie, me centraré en lo ocurrido con el aprovechamiento de los bienes de los oliventinos.

En 1801 Olivenza era un núcleo poblacional notable del reino de Portugal, con unos 6000 habitantes según el “Recenseamento da populaçao” de 1801, y aproximadamente la mitad que Badajoz, la ciudad más importante cercana del reino español.

Hilando con el artículo anterior, el diputado Gómez Becerra dijo en las cortes que en su visita con los reyes tras la conquista:  «Era sin disputa el pueblo más hermoso que había en toda la provincia de Extremadura. Todo en ella anunciaba la abundancia, la riqueza y la prosperi­dad.»

Pero como él mismo constataba pocos años después, el cambio de soberanía no vino bien a la generalidad de su población, perdiendo esa prosperidad. Los primeros años fueron muy duros. Muchos de sus habitantes abandonaron la localidad por distintos motivos, casi todos hacia otras localidades portuguesas, creyendo que la ocupación fuese temporal, como en otras ocasiones de la historia había sucedido.

El abandono de las tierras de los propietarios que decidieron refugiarse en Portugal, dejándolas sin sembrar, las circunstancias inestables de los primeros años de la posesión española de la villa, así como el intento de implantación de las nuevas normas y usos «a la española» por sus nuevos gobernantes, y fenómenos meteorológicos adversos, se suman para que exista desabastecimiento de alimentos, que a su vez hacen migrar a más población y aumentar la delincuencia y la pobreza.

No podemos olvidar que en un espacio escaso de diez años se producen cuatro cambios de poder en la localidad, fruto de enfrentamientos bélicos. Al cambio de soberanía le sucede el asedio y la invasión francesa en el desarrollo de la guerra de la independencia, seguida por un nuevo asedio de las tropas libertadoras anglo-portuguesas, y a continuación la devolución a la corona española por órdenes directas del comandante británico sir Arthur Wellesley, conocido como duque de Wellington, muy mal vista por las autoridades portuguesas, que desde entonces recelan de sus tradicionales aliados.

En el año 1808, se llama la población a filas para la defensa de la Patria, solicitando apoyo económico, tanto en metálico como en bienes de todo tipo e incluso en grano. Por si no era suficiente el desapego de la mayor parte de la población de origen luso, las calamidades sufridas y la nefasta situación económica, el nuevo soberano les exige un esfuerzo más.

En una guerra que no siente como suya, el pueblo aporta poco y las deserciones se multiplican.

Estas guerras afectan también al comercio y la industria local, especialmente atacada por los franceses, como se atestigua en los libros de actas: (1813) «…hay dos fábricas de suela y cordobán, la una arruinada por los enemigos…» 

Se produce así una espiral de decadencia, en la que la nula contribución de los propietarios oliventinos emigrados a Portugal, que dejan de sembrar y pagar sus impuestos, perjudica gravemente a los paisanos que se quedan. Al Ayuntamiento no le queda más remedio que intentar ser más exigente en el cobro de las tasas, lo que conlleva al empobrecimiento…

Y así transcurre la primera mitad del siglo XIX en la villa.

Hasta que se produce un revulsivo, que tiene mucho que ver con la pérdida de los derechos sobre los bienes de algunos oliventinos. Se trata de los huidos, convertidos en forasteros. Se imponen en 1847 una nueva contribución que grava fuertemente a los forasteros que no cultiven ellos mismos sus tierras, circunstancia que lleva a los propietarios residentes en Portugal a plantearse vender sus propiedades, antes de perderlas por las deudas contraídas con el fisco.

Esta circunstancia, junto con la desamortización de Mendizábal que empieza 10 años atrás, hace que lleguen a Olivenza, gentes de negocio, ganaderos, comerciantes y los primeros banqueros. Algunos de ellos compraron las tierras de los que no podían pagar las contribuciones.

Aun así, las deudas del Ayuntamiento crecen, como en todo el país, y para hacer frente a los gastos presupuestarios del Estado, al pago de la deuda y de las obras públicas, se inicia el proceso de desamortización propuesto por el ministro de Hacienda Pascual Madoz. Solo se reserva una parte de lo recaudado para reedificación y conservación de las iglesias. (Gaceta de Madrid Nº852, 3 de mayo de 1855)

Se ordena poner a la venta de la mayor parte de las propiedades del Estado, clero, órdenes religiosas, beneficencia…, y los bienes propios y comunes de los pueblos.

Olivenza no iba a ser menos afectada que el resto de los municipios de España, y aquí aparece de nuevo las condiciones de la capitulación de la plaza. Apelando de nuevo a los derechos recogidos en el documento, se intentó retrasar lo inevitable, la venta de los bienes comunes, que pertenecían y tenían derecho a disfrutar todos los oliventinos.

Dice el acta del pleno municipal del 3 de marzo de 1855, «Y últimamente, que se lleve una exposición a Cortes para que se excluyan de la venta los bienes de estos propios, y cuando no, hasta dos mil fanegas, fundándola en las causas especiales que hay em esta Villa entre ellas las de no existir baldío ninguno, y haberse adquirido casi todas por compra; y a mayor abundamiento, existir la capitulación estipulada cuando tuvo lugar la conquista, en cuyo artº quinto se declara que se guarden a esta Villa y moradores los privilegios y fueros que tenían y gozaban cuando formaban parte del territorio portugués»

Obviamente el objetivo de los regidores no se cumplió, y los bienes propios de los oliventinos fueron vendiéndose, sobre todo a forasteros venidos de tierras tan lejanas como el norte de Castilla y La Rioja, muchos de la comarca de Cameros, ¡casualidades del destino! tierra donde me bauticé, concretamente en Lumbreras.

Pero ni por la venta de estas tierras comunes mejoró la situación económica del Ayuntamiento. Los presupuestos cada vez eran de mayor gasto, y la desamortización no hacía más que perjudicar, puesto que los ingresos que debía recibir de estas operaciones tardaban en llegar desde el Estado, que era el recolector.

En 1859 la situación era insostenible, el 27 de enero consta en el acta «En consecuencia el Ayuntamiento encontrándose con un déficit crecidísimo en el año anterior y no pudiendo en el presente atender en a aquellas necesidades más apremiantes e indispensables del presupuesto acuerda: se dirija al Ministro de Hacienda una exposición pidiendo que se nos concedan los cincuenta y siete mil reales que hasta fin de mil ochocientos cincuenta y ocho han devengado los capitales de las fincas enajenadas en virtud de las leyes para con ellos cubrir el déficit y atender a las obligaciones del presupuesto.»

Además, el Estado adeudaba al Ayuntamiento las contribuciones de las propiedades desamortizadas del clero. El 31 de marzo de 1859, decía el acta «Habiendo sido infructuosas las reclamaciones que se han hecho a las autoridades superiores de la provincia para que se paguen las contribuciones que el Estado adeuda de las fincas que pertenecían al clero de que se incautó en virtud de las leyes de Desamortización…»

Así siguió el goteo de las ventas, hasta llegar a desamortizarse en favor de Hacienda las murallas, fosos y glacis, a partir de 1869, en que se abandonan por parte del ejército, aunque Olivenza había dejado de ser plaza fuerte diez años atrás.

No obstante, el Ayuntamiento de la época solicitó que ciertos puntos estratégicos, como las fuentes, pilares, y zonas donde pastaba el ganado, no entrase en la venta, y fuese cedido al municipio gratuitamente.

Por suerte, fue así. También tuvimos suerte de que no se cumpliese la orden de demolición de las murallas, aprobado por Real Orden de 22 de enero de 1859, «lo que tendrá efecto luego que se apruebe el gasto que aquella ocasione», según decía O’Donnell en una orden de 31 de marzo del mismo año.

Al parecer, nunca se aprobó tal gasto.

Entre los años 1874 y 1875 se terminan de desamortizar el resto de las propiedades comunales, la coitadas del Ventoso, San Jorge, Piedra Aguda y la Atalaya. Pero tampoco estas ventas ayudan.

La voracidad del Estado en continuo crecimiento hizo perder todos los bienes comunes de los oliventinos, heredados de la época portuguesa, sin que eso mejorase la calidad de vida de nuestros antepasados.

En cualquier caso, no podemos perder de vista el periplo de hechos históricos que se producen en nuestro país durante todo este siglo convulso, empezando por la propia guerra de las naranjas, pasando por las napoleónicas, y terminando con las carlistas, las revoluciones democráticas, las contras absolutistas, las distintas Constituciones: 12-37-45-69 y 76, la primera República, los cambios dinásticos, las epidemias de cólera, viruela…

Si fue un siglo difícil para la población española en general, cuánto no lo sería para una población en su mayoría de origen portugués, que se encuentra inmersa en toda esta tempestad política mientras que se va amoldando, generación a generación, a una nueva nacionalidad.

Rubén Báez