Se atisba ya, con cierta claridad, el principio del final del confinamiento provocado por el virus Covid-19. En este contexto, Portugal pasará, a partir del día 2 de mayo, al estado de «calamidad», dejando atrás la severidad del estado de emergencia. Además, el país ya se encuentra preparando la vuelta a las aulas de los mayores de 15 años a partir del 18 de mayo.
España, por su parte, ha establecido un proceso de desconfinamiento en 4 fases, con la fase 0 de preparación ya en marcha. Hasta septiembre no habrá clases normales, aunque se plantea la posibilidad de algunas excepciones para la preparación de las pruebas de acceso a la universidad.
Con esta «nueva normalidad», queda algo de margen para pensar en «antiguos desafíos», y uno de ellos, es el recurrente tema de las lenguas; las lenguas que conviven en España y, extensivamente, en toda la península ibérica.
Desde hace unos años, el movimiento iberista ha aportado, al debate de las lenguas, la idea del innovador derecho a conocer las lenguas ibéricas. Se trata de dar un enfoque positivo y práctico a la cuestión lingüística.
Es de destacar, que este concepto ha sido incorporado por el Congreso de los Diputados de España en 2017, cuando se aprobó una proposición no de ley para establecer el Día de las Lenguas Ibéricas, previa consulta con Portugal. Pero, para ponernos en situación, vamos a recordar, en términos generales, como se encuentra la «cuestión lingüística» en España y Portugal.
Empecemos con Portugal. La Constitución portuguesa establece, en su artículo 11, que la lengua oficial es el portugués. Portugal es, esencialmente, un Estado monolingüe, aunque la Ley 7/99 reconoce la lengua mirandesa, hablada en Miranda do Douro, por unas 15.000 personas.
En el país luso, la enseñanza de idiomas extranjeros que se oferta en la escuela incluye el inglés, francés, castellano y alemán. Los estudiantes que optan por el español han llegado a alcanzar cerca del 25% del total, aunque el porcentaje ha bajado en los últimos años. Curiosamente, el porcentaje de alumnos que estudian español ha sufrido un aumento de significativo en ciertos países. En Francia, por ejemplo, en un 37%. Aunque también llama la atención Suecia, con un 40% más de alumnos que prefieren aprender el idioma español.
En España, la Constitución dice, en su artículo 3.1, que: «El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el derecho y el deber de conocerla». El artículo 3.2 añade: «Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo a sus estatutos».
El desarrollo estatutario ha establecido la oficialidad del catalán, en Cataluña e Islas Baleares; del valenciano, en la Comunidad Valenciana; del gallego, en Galicia, y del euskera, en el País Vasco y Navarra. Un 44% de la población española vive en comunidades autónomas con 2 idiomas oficiales. La oficialidad implica, en gran medida, la necesidad de conocer esas lenguas para un desarrollo profesional y social íntegro. Por ejemplo, es necesario tener el dominio de las dos lenguas oficiales para poder acceder al empleo público y, en la escuela, se utilizan, generalmente, las lenguas propias de cada comunidad.
El sistema educativo ofrece diferentes idiomas extranjeros para estudiar, que pueden ser el inglés; francés; alemán; italiano, y portugués. En la práctica, el portugués se estudia muy poco, y sólo, de manera significativa, en las zonas fronterizas.
El portugués y el español son, además, lenguas oficiales de la Unión Europea.
Por tanto, si nos referimos a España, observamos que el sistema no garantiza el aprendizaje del catalán, valenciano, euskera o gallego, a aquellos que quieran aprenderlo fuera de las comunidades autónomas donde son hablados. Tampoco se garantiza el aprendizaje del portugués, que es ofrecido en un reducido número de centros educativos. En Portugal no existe, a su vez, una garantía para que los alumnos que lo deseen puedan estudiar español; va a depender de la zona geográfica.
El movimiento iberista plantea abordar la cuestión como un derecho. La idea defendida es la implantación de una asignatura de lenguas ibéricas, tanto en España, como en Portugal, por la cual todos los escolares de la Península podrían escoger estudiar una de nuestras lenguas, además de la tienen como materna. En el caso de las comunidades autónomas españolas con dos lenguas oficiales, se incluiría el portugués como idioma extranjero de elección optativa.
Se trata en definitiva de concretar lo recogido en el punto 71 de la Declaración Conjunta de los Gobiernos en la cumbre hispanolusa de noviembre de 2018 en Valladolid, que expresa: “Los Gobiernos se comprometen a promover el aprendizaje de las lenguas y culturas de ambos países en todos los niveles educativos. España promoverá la enseñanza de portugués como segunda lengua extranjera… Portugal impulsará el establecimiento de secciones españolas en centros educativos portugueses…”.
Las bondades de esta asignatura pueden resumirse en los siguientes aspectos:
– Se garantizaría el derecho de los ciudadanos españoles a aprender, si lo desean, las lenguas que son oficiales en España, y el portugués como lengua próxima, hermana y universal.
– Los portugueses verían asegurado el aprendizaje del castellano, como lengua próxima, hermana y universal, u otras lenguas de la Península.
– Quedaría subrayada una alianza entre el Estado español y el portugués, en el principal activo cultural del que disponen, las lenguas.
– Se vería garantizada la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público, sin discriminación por razón de idioma, dentro de la península.
– Se lograría una mayor cohesión social, al eliminar parte de las barreras lingüísticas existentes.
Esta propuesta va a ser presentada, previo debate y análisis detallado, por parte de diferentes entidades civiles ibéricas, en la próxima Cumbre Hispano-Lusa, que se celebrará, previsiblemente, este año en la ciudad portuguesa de Guarda.
Pablo Castro Abad es editor-adjunto de EL TRAPEZIO y licenciado en Ciencias del Trabajo
