“Eres, vilano, hilo en vilo;
a que manto irás a dar?
Nuestra vida está en un hilo
que el viento viene a quebrar.
Hilo en vilo eres, vilano;
cuando te alcanzo al volar
me tiembla de fe la mano
y no te logro enhebrar.”
Miguel de Unamuno
En las reorganizaciones periódicas que llevo a cabo en mi biblioteca, siempre desentierro algún tesoro olvidado. La semana pasada encontré, entre decenas de volúmenes más grandes, un bloc de notas de la época universitaria. Cuando lo abrí al azar, me topé con una perla (que, en aquel momento, debo confesar, me sonaba superficial): «vivir es gestionar lo efímero».
De hecho, no hay daño que siempre dure o bien que nunca se acabe, y en la vida de un jurista el dinamismo es algo constante. Plazos procesuales, cambios legislativos o novedades jurisprudenciales. El operador del derecho parece, incluso, condenado a correr cada vez más rápido para mantenerse al día con tantos cambios, so pena de convertirse en un profesional obsoleto.
Sin embargo, hay algunas cosas que nunca deberían ser desechables, o que, al menos mantendrían, en una sociedad moral y legalmente sana, un período de validez más largo.
Uno de los ejemplos más evidentes de esta precariedad de valores y derechos es la poca durabilidad de algunos bienes o mercancías, fragilidad tan astuciosamente maquinada que los defensores de los derechos del consumidor la han venido llamando «obsolescencia programada».
La obsolescencia programada, por tanto, es el resultado de una o varias decisiones corporativas para crear, producir y ofrecer al mercado un producto que tiene un ciclo de vida más corto del que podría tener, con el objetivo de obligar a los consumidores a estar siempre comprando nuevos productos. Estos productos podrían seguir utilizándose durante meses o años, pero, debido a la interferencia de los fabricantes, dejan de funcionar antes del período que se consideraría normal para su vida útil.
En el otro lado de esta odiosa moneda, la práctica de la obsolescencia programada no sólo viola los derechos del consumidor, sino que también es responsable del crecimiento exponencial de los desechos electrónicos que se producen en el planeta, dañando así el medio ambiente.
Por el momento, no existe una legislación sobre consumidores en Brasil que tenga como objetivo específico proteger a los consumidores contra esta práctica abominable. Lo más cercano posible a la protección jurisdiccional para los consumidores que brinda el Estado brasileño es el uso complementario de las tesis relacionadas con «vicios ocultos de difícil constatación».
Por otro lado, en el aspecto ambiental, los brasileños cuentan, desde 2010, con la Ley de Política Nacional de Residuos Sólidos (Ley 12.305), la cual, junto con la Constitución Federal, destaca la obligación compartida del fabricante, productor, distribuidor y vendedor de hacer la logística inversa del producto comercializado, en un intento por reducir los efectos nocivos de la obsolescencia programada.
En España, la lucha contra este ilusionismo cronometrado sigue una tendencia ya en marcha en otros Estados miembros de la Unión Europea, como Francia, por ejemplo.
Ha sido en la primera quincena de marzo de este año cuando el Ministerio de Consumo español ha anunciado una nueva etiqueta para dispositivos electrónicos. Es decir, el Gobierno español combatirá la obsolescencia programada mediante un índice de capacidad de reparación, que mostrará con una nota si es o no fácil reparar estos productos.
Según el Ejecutivo, para calcular el índice de reparabilidad futura se debe tener en cuenta la documentación del fabricante en cuanto a «reparación y fácil desmontaje del producto», así como la disponibilidad de repuestos para el producto, el costo de estas piezas y su relación con el precio final. El resultado será un número entre cero y diez, con una selección de decimales: cuanto mayor sea el índice, más fácil será reparar el dispositivo; que tendrá una vida útil más larga.
El índice de reparabilidad futura tiene como objetivo contribuir a la lucha contra la obsolescencia programada, incluida la reutilización y el reciclaje de productos electrónicos. Al igual que en Francia, el índice de reparabilidad se basa en datos proporcionados principalmente por el fabricante, realizados a través de una evaluación independiente.
A medida que nos acercamos a la tan esperada conclusión, debe saber al lector que la pandemia ha jugado un papel importante para alentar a los consumidores a cambiar sus hábitos de consumo.
Según un perfilado llevado a cabo por la tercera edición de «El impacto de la Covid-19 en el estado de ánimo, las expectativas y los hábitos de consumo», realizado por EAE Business School para 1711 encuestados, a finales de noviembre y en diciembre, consumidores de todo el mundo han venido gastando menos, ahorrando más y siendo más selectivos, prefiriendo productos locales (un 41,1% más que antes de la pandemia) y productos sostenibles (16,7% más). Este estudio es la tercera parte de una investigación iniciada en marzo de 2020.
En medio de tantas y tan dolorosas pérdidas que la humanidad ha venido sufriendo durante los últimos meses, el resultado de este estudio llega a nuestro conocimiento como una chispa de esperanza en un océano de profunda oscuridad. El Homo sapiens parece estar aprendiendo, aunque con gran dificultad, a manejar lo fugaz de lo cotidiano, no ya con resignación, sino como enemigo declarado de los abusos que se le infligen con cita previa.
Danilo Arantes
