Es necesario hacer mucha pedagogía de la Constitución española de 1978. Desgraciadamente en las escuelas no se explica lo suficiente. Además, en un diario digital ibérico como EL TRAPEZIO, siempre tendremos que dar una visión peninsular a los asuntos.
Hoy día 6 de diciembre de 2019, la Constitución cumple 41 años, desde su aprobación en referéndum tal día como hoy de 1978. El resultado fue de 88,54% de los votos a favor, el 7,89% en contra, y el 3,57% en blanco.
La más llamativa virtud de la Constitución de 1978 fue el inédito consenso político que obtuvo, al ser apoyada por la inmensa mayoría de los partidos políticos con 258 votos a favor, 14 abstenciones y solo 2 votos en contra del pleno del Congreso. Nunca en la historia de España se ha alcanzado semejante nivel de acuerdo entre los actores políticos de esta compleja nación.
En los aspectos estructurales, destaca el régimen político de monarquía parlamentaria y el establecimiento del llamado «Estado de las autonomías» con el reconocimiento de varias lenguas oficiales. En general la Constitución sigue los ejemplos de las constituciones de nuestro entorno político y particularmente los de Francia, Alemania, Italia y Portugal.
En relación a la influencia de la Constitución portuguesa de 1976 , los expertos destacan que fue muy tenida en cuenta en el apartado de derechos y libertades fundamentales. Concretamente en aquellos derechos que se derivan de las inquietudes contemporáneas no tratadas en los textos más antiguos. Derechos relacionados con el medio ambiente, el deporte o el ocio. Los derechos de las personas con discapacidad, jóvenes y personas de la tercera edad, los derechos de los consumidores y los derechos de los emigrantes, entre otros.
Pero, pese a las muchas virtudes de nuestra Constitución, es notorio que se encuentra en una situación de crisis. Tres aspectos, según mi criterio, son los más significativos:
Primero, el sistema electoral y de investidura, que la Constitución otorga, ha funcionado de manera satisfactoria mientras las votaciones mantenían un sistema bipartidista, aún imperfecto. Desde que más partidos han obtenido importantes niveles de representación, llevamos hasta 5 elecciones generales en 4 años. Se puede entender que la responsabilidad es de los partidos, pero por ejemplo en Portugal el sistema de investidura favorece la rápida formación de gobierno.
El segundo aspecto, a destacar, es el de que parte de la izquierda le achaca un déficit de legitimidad democrática. El motivo que alegan es que la Constitución fue realizada sin una ruptura legal con la dictadura de Franco, a través de un proceso de reformas pactadas con el antiguo régimen, y bajo cierta coacción militar. Según esta idea, el resultado es un texto constitucional “tutelado” por la dictadura. Expresiones como “todo ha quedado atado y bien atado”, resume esa interpretación. Con el paso de los años, esta hipótesis, lejos de languidecer, cobra fuerza y es amplificada por algunos periodistas, intelectuales y políticos.
En Portugal, sí que se produjo una ruptura con el régimen del Estado Novo, y la Constitución del país luso es puesta como ejemplo por esa “virtud”.
El tercer asunto, y el de mayor calado, es el del abandono del consenso constitucional por la mayoría del nacionalismo catalán independentista. Hay que recordar que el texto constitucional fue aprobado por más del 90% de los votos en las provincias catalanas, con el apoyo de los partidos catalanistas. En la actualidad -tras la sentencia del Tribunal Supremo de 2010- estos partidos abandonaron su lealtad constitucional y han entrado en directa confrontación con el Estado democrático español. El catalanismo político reclama la división el país utilizando el mecanismo de una votación plebiscitaria entre la población catalana. Esta posibilidad es contraria a la Constitución.
En relación a este aspecto, en Portugal, el problema de los separatismos regionales es cortado de raíz en la Constitución, cuyo artículo 311.2 prohíbe constituir partidos que, «por su designación o objetivos programáticos, tengan índole o ámbito regional». Sin embargo en el art. 7.3 se reconoce el derecho de autodeterminación de los pueblos y a la insurrección frente todas las formas de opresión. Este artículo 7.3. ha sido recordado por grupos de izquierdas portugueses en relación a la crisis en Cataluña haciendo entender que Cataluña es un pueblo con derecho a la autodeterminación y “oprimido”.
Nos encontramos pues con un balance complicado. Tenemos una Constitución poco explicada, o explicada negativamente en las escuelas, y que tiene que hacer frente a los importantes retos citados.
Desde aquí y con la máxima humildad, queremos hacer unas aportaciones para mejorar la situación que se sustancian en dos propuestas concretas:
La primera es la implantación de una asignatura obligatoria de Constitución y valores democráticos en todos los niveles del sistema educativos y en todos los territorios del Estado. Esta asignatura tendría que ser impartida por profesores de una nueva especialidad, con formación jurídica, y seleccionados de manera neutral .
La segunda propuesta es la de abrir una comisión mixta Congreso-Senado para la reforma constitucional. Esta comisión sería el lugar donde todos los partidos podrían renovar el consenso constitucional. A día de hoy más bien parece una utopía, pero es el único cauce verdaderamente democrático para afrontar todos los desafíos: votar en referéndum legal y en toda la nación, una reforma constitucional pactada y consensuada por la mayoría más amplia de diputados y senadores que se pueda obtener.
Pero hoy es día de celebración, y es necesario recordar que el actual sistema político nos ha entregado -a los españoles- cuatro décadas que han supuesto un enorme avance económico y social. Celebremos con orgullo lo conseguido y afrontemos con inteligencia, mesura y determinación los retos planteados. Para este cometido necesitamos de líderes políticos que estén a la altura y tengan el acierto preciso.
Pablo Castro Abad es editor-adjunto de EL TRAPEZIO y licenciado en Ciencias del Trabajo
