Con el inicio de la descarbonización ya en curso, muchas infraestructuras energéticas tendrán que ser objeto de una readaptación para que puedan seguir operando, como es el caso de la refinería de Sines.
El proyecto para abordar este proceso es el «Plan Nacional de Hidrógeno», la propuesta más ambiciosa presentada por el ejecutivo de António Costa. Un plan que va a beneficiarse de una financiación de millones de euros; parcialmente subvencionados por ayudas europeas (de la llamada «bazuca» monetaria). Con ello, se pretende dotar al país de una nueva industria energética ecológica.
Portugal es el tercer Estado europeo que más energías renovables utiliza, con España en el octavo lugar de esta lista. Los dos países ibéricos tienen unos planes ambiciosos para crear energía eléctrica alternativa (sin utilizar carbón o energía nuclear) en los próximos diez años, con una potencia instalada de 12 GW y 57 GW, respectivamente.
El Plan Nacional de Hidrógeno Verde puede contribuir al almacenamiento de energía, aunque de esto se ha hablado poco públicamente.
De las más de 60 solicitudes presentadas para formar parte de esta iniciativa, sólo 33 han sido valoradas por el Gobierno portugués. El mismo ejecutivo que ahora aparece en los periódicos porque dos de sus miembros están siendo investigados por la Fiscalía, por supuestos favores a grupos empresariales en una licitación ya cerrada.
Esta investigación, que comenzó hace un año a causa de una denuncia, y que se encuentra en secreto de sumario, menciona delitos económicos de tráfico de influencias y corrupción, que afectan a EDP/Galp/REN, y a una empresa danesa en el proyecto que está a punto de iniciarse en Sines.
Aún sin ser acusados, los nombres del secretario de Estado Adjunto y de Energía, João Galamba, y del ministro de Estado, de Economía y de Transición Digital, Pedro Siza Vieira, han visto sus nombres involucrados, según filtraciones que han llegado a los medios de comunicación. El ministro ya ha anunciado que va a presentar una demanda por difamación por ver su nombre indebidamente asociado a este caso de la Fiscalía.
Esto sucede el mismo día en que se ha anunciado una ayuda de 1500 millones de euros a fondo perdido, y la creación de una nueva línea de crédito para apoyar a unas 100.000 empresas que están siendo fuertemente perjudicadas por la segunda ola de la pandemia en Portugal.
