Como es sabido la participación ciudadana a través del asociacionismo y de los movimientos civiles es un valor democrático fundamental. La Constitución Española (CE) consagra este principio en el artículo 23. La Constitución Portuguesa (CP), en su artículo 9, dice que “es una tarea fundamental del Estado incentivar la participación democrática”. Íntimamente ligado al derecho a la participación está el derecho a la petición, que se recoge en el artículo 29 de la CE y en el 52 de la CP. A nivel europeo la petición ciudadana está contemplada en el artículo 44 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.
El desarrollo práctico de la participación ciudadana y de la sociedad civil, en España y Portugal, tiene un recorrido importante desde la llegada de la democracia. Ambos países pasaron por una explosión de las iniciativas sociales y políticas durante los años 70 y principios de los 80, impulsados por el entusiasmo de unas democracias recién estrenadas después de largas décadas de dictaduras. Asociaciones de vecinos, de mujeres, de padres, nuevos partidos políticos de diferentes tendencias surgieron con gran fuerza, frescura y espontaneidad. En ese contexto, en 1976, nació la Liga Iberista en Portugal. De aquella asociación sabemos que realizó una presentación pública y redactó un llamamiento a la nación de marcada intencionalidad unionista. No tenemos constancia de cuál fue su evolución, pero no transcendió más actividad. Durante las décadas de los 90 y de los 2000, los movimientos sociales fueron decayendo, y la efervescencia política se apaciguó. Como consecuencia de la crisis del 2008, el descontento social, y la etapa de la austeridad presupuestaria, produjo un resurgimiento de la participación ciudadana a todos los niveles. El movimiento del 15-M de 2011 fue la espoleta de salida a esta segunda ola de efervescencia política y social. Una de las demandas más visibles fue de una democracia más participativa, que alumbró mecanismos como los portales de transparencia y los presupuestos participativos. En ese escenario, aparecieron entidades iberistas como el Partido Ibérico Iber y el Movimento Partido Ibérico, ligados a la acción política institucional; y posteriormente la Plataforma Ibérica, establecida tanto en España como en Portugal. Estas entidades junto con otras de diferentes ámbitos, interesadas en la cooperación hispano-lusa, se han organizado recientemente en el Foro Cívico Ibérico, que realizó su primer acto público durante el transcurso de la Cumbre de Guarda de octubre de 2020, con la lectura de un manifiesto de intenciones.
La existencia de estas organizaciones iberistas suponen un digno intento por cubrir un auténtico déficit democrático en la península ibérica. Es paradójico que sociedades democráticas avanzadas, como las de España y Portugal, mantengan al iberismo en un punto incipiente y casi testimonial. Porque el ideal iberista, entendido en sentido estricto como la tendencia política a integrar en un todo peninsular a España y Portugal, alcanza según diversos estudios de opinión un mínimo del 20% de las poblaciones. Pero si entendemos el iberismo en sentido más amplio, como una tendencia política, social y cultural, que busca una aproximación estratégica entre los países ibéricos, se alcanza a un 70% de la población. Es eso lo extraño; una tendencia mayoritaria tiene un reflejo débil en las entidades sociales.
La causa de la baja representatividad social del iberismo se puede encontrar en las barreras que ponen los Estados a la participación, que se van derrumbando muy poco a poco, y en buena medida gracias a los mecanismos de la Unión Europea.
Actualmente hay dos aspectos cruciales sobre la mesa de las relaciones hispanoportuguesas: la redacción de un nuevo Tratado de Amistad y Cooperación y el desarrollo de la Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo. En ambos asuntos la sociedad civil ibérica, agrupada en las diversas entidades participantes en el Foro Cívico Ibérico, ha de ser escuchada. Estamos abriendo un camino inédito y por primera vez las relaciones entre nuestros dos países tienen una interlocución cívica, que complementa la acción de los Estados, y da contenido a la democracia participativa alegada en las constituciones.
El déficit democrático, que deja sin apenas voz, a un iberismo de cooperación propio del siglo XXI, ampliamente apoyado por la sociedad peninsular, comienza a ser vencido.
Desde aquí hacemos un llamamiento a las administraciones implicadas a que faciliten nuestra labor, y nos vean como un aliado en la finalidad que a todos nos une: hacer de la península ibérica un espacio europeo con mejores oportunidades de desarrollo personal para todos sus habitantes, favoreciendo la cohesión social entre todos los ciudadanos, independientemente de su nacionalidad.
Pablo Castro Abad
