«C’est le moment le plus important de la vie de notre Europe depuis la création de l’euro». Estas han sido las palabras de Enmanuel Macron, muy propenso a declaraciones grandilocuentes, al referirse al acuerdo alcanzado para poner en marcha un Fondo de Recuperación Europeo. En esta ocasión, el habitual histrionismo del líder francés ha encontrado unos acontecimientos a la altura de su natural tendencia. Porque, verdaderamente, la Unión Europea sólo ha reaccionado con cierta contundencia y rapidez ante una situación límite, en la que está en juego su propia supervivencia.
Como hemos informado desde EL TRAPEZIO, España recibirá 140.000 millones del Fondo de Recuperación; de los cuales 72.700 son en ayudas directas a fondo perdido y 67.300 en préstamos. Portugal recibirá 26.066 millones, de los que 15.266 serán a fondo perdido y 10.800 en préstamos. En total, la península ibérica dispondrá de 166.066 millones de euros. El 70% se desembolsará en 2021 y 2022, y el 30% restante se abonará en 2023.
Una vez que tenemos acordada la «bazuca» económica de supervivencia económica y política para la UE, el debate entra en el terreno de la gestión y la significación de los fondos.
Conviene, en primer lugar, subrayar que este Plan de Recuperación no es una suerte de donativo de Europa a los países del sur. Los recursos de este Fondo de Recuperación provienen de todos los países de la Unión Europea. España e Italia y Francia son los principales receptores, pero también son de los primeros aportadores. Los países llamados frugales, como son Holanda; Suecia; Austria, y Dinamarca, que han puesto resistencia a algunos de los aspectos del acuerdo presupuestario, tienen un potencial económico en PIB anual de 1,993 billones de euros. Solamente Italia tiene un PIB de 1,787 billones. Estamos, además, en un mercado único, lo que significa que cualquier gasto o inversión favorece la compra de bienes y servicios en el conjunto de la zona euro.
Otra cuestión importante es la de evitar hacer de la concesión de los fondos un elemento de confrontación política partidista en la esfera interna de cada Estado. Todas las áreas económicas occidentales van a aprobar planes de estímulo. Reino Unido y Estados Unidos, por ejemplo, ya han dado importantes pasos. Por primera vez en mucho tiempo, existe un consenso económico global de la necesidad de estos programas. Hemos de rebajar el tono de confrontación política, principalmente en España, donde de «estos dineros» incluso pueden tener el efecto de «marginar» las posiciones nacionalistas en Cataluña, dado que se constata que los localismos poco pueden ofrecer en situaciones de crisis como la actual.
Además, es conveniente tener siempre presente que los fondos son europeos; de gestión estatal por cada país. Por tanto, la utilización de los fondos sigue las directrices y condiciones que Europa establece. Hay que hacer pedagogía en este punto. Al igual que el dinero lo ponemos todos, las condiciones también son de todos; no son una imposición de unos frente a otros. Las líneas serán marcadas por el ejecutivo europeo en sus recomendaciones para cada país, e incluyen todo tipo de aspectos, como las reformas del ámbito laboral, educación y renta mínima; el crecimiento potencial; la creación de empleo; la resiliencia social y económica, y las transiciones verde y digital. Este impulso extraordinario supone un compromiso europeísta acrecentado, donde toda Europa se endeuda mancomunadamente. Por tanto, siendo elementos de tipo federal, hay que respetar los valores y las reglas con lealtad y confianza.
En el plano ibérico, que es donde esta publicación incide y trata de aportar su grano de arena desde un análisis trabajado, y críticamente constructivo, nos encontramos ante un singular reto. La grandiosidad de las palabras que utiliza el presidente Macron, son de especial aplicación en la península. Incluso se quedan cortas. España y Portugal están en una encrucijada. El modelo económico basado en el turismo se tambalea, por la propia naturaleza de la crisis de la Covid, y por la salida del Reino Unido de la UE.
Somos países envejecidos, de baja productividad; con sectores industriales decadentes; y que, desde la entrada de los países del Este en la Unión Europea, se han visto relegados de la centralidad europea.
La alianza ibérica beneficiaría a ambos países. Podríamos ganar en influencia política; recuperando centralidad; mejorando la productividad con la total integración de los mercados, y lograr una cohesión territorial ibérica que nos reforzaría como comunidad. Pero no es fácil, en Portugal en no pocas ocasiones se pretende el imposible de un desarrollo fuera del contexto ibérico. España padece una ola de egoísmos regionales que alimentan las estructuras autonómicas.
El Plan de Recuperación Europeo es una última oportunidad para Iberia. Debemos tejer una red de cooperación modélica. Las infraestructuras pendientes entre los países han de ser acometidas con urgencia. Es necesario revolucionar la burocracia; eliminado trabas; estableciendo el principio de funcionar como una sola entidad política.
Sin embargo, pese a mi naturaleza optimista, no observo el impulso político necesario. De lo que se puede ir viendo, los planes de recuperación de España y Portugal tienen poca vocación ibérica. Iremos analizando todas las acciones en este sentido. Especialmente importante será la Cumbre de Guarda del próximo otoño, donde se deben establecer intenciones e inversiones concretas.
Europa ha reaccionado, y envía un mensaje equivalente al del año 1986, cuando España y Portugal entraron conjuntamente en la UE. Ahora la península ibérica ha de responder al mensaje europeo tomando conciencia de sí misma de una vez por todas; cooperar y mostrarse eficiente; unida a un nivel muy superior al actual. En otro caso, seguiremos por la senda que conduce al vagón de cola del tren de Europa.
Pablo Castro Abad es editor-adjunto de EL TRAPEZIO y licenciado en Ciencias del Trabajo
