La TAP (Transportes Aéreos Portugueses) está experimentando problemas desde hace algún tiempo, pero la crisis provocada por la Covid-19 está haciendo que varias aerolíneas europeas necesiten intervenciones estatales. Con el apoyo de la Unión Europea para que los Gobiernos puedan intervenir en sus respectivas compañías, el futuro de la TAP ha llevado al Gobierno a intervenir directamente para salvar 10.000 empleos. Sólo en el primer trimestre, el daño económico asciende a 365 millones de euros.
Ante la necesidad urgente de una inyección de capital, el Gobierno y los propietarios privados han llegado, tras largas negociaciones, a un consenso sobre cómo se debe hacer este apoyo. El ministro de Infraestructura, Pedro Nuno Santos, ha sido el primero en admitir la posibilidad de una nacionalización de TAP, si no se aceptaban las condiciones del estado. Todo para salvarlo y «evitar un desastre económico», que es muy perjudicial para el país, con un plan de ayuda impuesto por Bruselas, y listo para funcionar.
¿Qué futuro para TAP?
En 2016, en el primer Gobierno de António Costa, la TAP fue privatizada. En ese momento, el Ejecutivo renunció a los intereses de 30 millones que había prestado a la compañía aérea, la cual asegura la conexión entre el punto más occidental de Europa y los cuatro rincones del planeta.
La gestión privada de la TAP ha sido muy cuestionada en los últimos años. Ya durante la pandemia, la región norte del país ha constatado la falta de inversiones en el aeropuerto de Oporto. Esta acusación de centralismo ha hecho que la asociación de comercio de la «ciudad Invicta» solicitase una medida cautelar en la Justicia para intentar impedir que el Gobierno diese cualquier tipo de ayuda a la compañía aérea creada por Humberto Delgado (el «general sin miedo»).
Al adquirir la participación de David Neelman (propietario de la aerolínea brasileña Azul), el Estado portugués ha desembolsado 55 millones de euros para alcanzar el 72,5% del capital de TAP, asegurando más poder dentro de la compañía hasta el punto de tener el poder de decisión en aspectos como la creación de nuevas rutas, el despido de empleados o la elección de nuevos gerentes (ya que Antonaldo Neves debe irse). Los accionistas restantes son: el portugués Humberto Pedrosa con un 22,5% y los empleados de la empresa con un 5%.
Tras el anuncio de la adquisición de TAP, el Consejo de Ministros aprobó una inyección en la empresa de hasta 1.200 millones de euros para que la actividad, interrumpida por la pandemia, pueda regresar. A favor de esta medida hay partidos como el Bloco de Esquerda, el PSD y el propio sindicato, que aboga por la reestructuración, pero no por los despidos.
Esta inversión en TAP está asustando a algunos sectores de la sociedad que no pueden superar el fantasma del «Novo Banco». Desde su intervención, ha costado 11 263 millones de euros. Más de la mitad de esta cantidad provino de fondos públicos. En el caso de la aerolínea, el ministro de Infraestructura considera que esta acción (que no es una nacionalización) es esencial porque estamos hablando de uno de los mayores exportadores nacionales, el que atrae más turistas a Portugal y genera 100 mil empleos indirectos, en más de mil empresas nacionales.
