La Autoridad Tributaria y Aduanera (AT), el miércoles pasado, allanó varias sedes de clubes de fútbol y de representantes de jugadores en el marco de la operación «Fora de jogo». Esta investigación, bajo supervisión del juez Carlos Alexandre (que se dio a conocer al público en general gracias a la demanda contra el exprimer ministro José Sócrates), tiene una causa abierta en el Departamento Central de Investigación y Acción Criminal (DCIAP) por «sospechas en la práctica de hechos susceptibles de fraude fiscal y lavado de dinero».
Numerosos registros se han llevado a cabo en varios clubes de fútbol de la Liga portuguesa, en casas particulares (una de ellas fue la residencia del portero de Iker Casillas, exjugador del club Oporto y actual candidato a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol) y en cinco bufetes de abogados. La policía buscaba pruebas de presunta actividad criminal desde el año 2015 y que, a través de la evasión y la manipulación contable, causaron numerosos daños económicos al Estado portugués.
La operación «Fora de Jogo» cuenta con 47 acusados, entre ellos Luís Filipe Vieira (presidente del Benfica), SAD del Sporting, Pinto da Costa (presidente de Oporto), Osório Castro (abogado de Cristiano Ronaldo) y el súper agente Jorge Mendes. Los tres grandes del fútbol portugués ya han sido acusados anteriormente en otro caso de corrupción y afirman estar colaborando con las autoridades.
Recientemente, el hacker Rui Pinto (que actualmente está en prisión) utilizó la plataforma Football Leaks para filtrar información en internet que comprometía a varias figuras vinculadas al fútbol nacional e internacional. La prensa lusa informa que fue a través de las revelaciones hechas por el hacker que se desencadenó este proceso y que no solo las autoridades portuguesas están involucradas en estas investigaciones. Las autoridades fiscales de España, Francia y el Reino Unido están coordinándose en este caso.
