El pasado viernes, 8 de mayo, Ana Mendes, ministra de Trabajo de Portugal; Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno de España, y Nunzia Catalfo, ministra de Trabajo de Italia, han publicado un artículo conjunto titulado: Rumbo a una renta mínima Europea. En este texto, se aboga por «el establecimiento de una iniciativa que permita apoyar la generalización de sistemas de renta mínima digna y adecuada, en todos los Estados miembros de la Unión Europea». El artículo no entra en concreciones, pero tiene la oportunidad de elevar el debate sobre los ingresos mínimos a nivel europeo, en el especial contexto provocado por la crisis derivada de la pandemia de la Covid-19.
La finalidad de este tipo de programas consiste en garantizar que toda persona cuente con ingresos suficientes para vivir dignamente, al menos, en niveles de subsistencia. Normalmente, las prestaciones están condicionadas a la demostración, tanto de la situación de necesidad, como de los esfuerzos activos por encontrar trabajo.
Es importante diferenciar la renta mínima, de la renta básica. Esta última se plantea como un ingreso universal que cobrarían todos los ciudadanos sin ningún tipo de condicionalidad. Una transferencia del Estado, directamente al bolsillo de cada ciudadano, y en un importe que permita tener un nivel de vida suficiente.
En España, Portugal y demás países europeos existen, desde hace décadas, los programas de renta mínima. En España, implementados por las comunidades autónomas. Por ejemplo, en Madrid, las cuantías son, para una persona que viva sola, y sin otros ingresos, de 400€ al mes. Dos personas, 512,67€, y tres personas, 587,78€. En Portugal, gestionado por el ministerio de Seguridad Social, las cuantías son, para un adulto que viva solo, de 189€; si convive con otro adulto, 132€ más; percibiéndose, por los menores, 94€ al mes.
Desde el comienzo de la actual crisis, el Gobierno de España ha anunciado el desarrollo de un «Ingreso Mínimo Vital», a alcance nacional, y del que no se conocen los pormenores, pero se adelanta que podría partir, de 500€ mensuales, hasta cerca de los 1.000€ para familias numerosas. Es un ingreso destinado a quienes se quedan fuera de los actuales subsidios, y que tendría un carácter permanente.
No se ha explicado cómo se llevará a cabo la coordinación entre las rentas mínimas ya establecidas por las comunidades autónomas, y el anunciado nuevo Ingreso Mínimo Vital de carácter nacional.
Entrando en un análisis general de la situación, lo primero a destacar es que desde una óptima iberista es plausible el posicionamiento conjunto de los responsables políticos de España y Portugal; en esta ocasión, junto a Italia. Esta coordinación debería tener un carácter permanente, y dotarse de mecanismos institucionales, como viene reclamando el movimiento iberista.
En el fondo del asunto, vemos que hay cierta confusión en los planteamientos, que son demasiado generales. Tanto en el artículo conjunto de los ministros, como en el no nato Ingreso Mínimo Vital español, parecen colarse elementos de renta básica, especialmente, en lo relativo a la «no condicionalidad», y a un «espíritu» de universalidad. Por el momento, las redes de seguridad existentes han parado el golpe económico del confinamiento, sin situaciones explosivas.
A favor de las rentas mínimas, están argumentos como la garantía de un nivel de vida digno para todos; la disminución de las desigualdades; el aumento de la actividad económica, y la disminución de la delincuencia. En contra de estos ingresos, se argumenta que provocarán el crecimiento del gasto público y de la fiscalidad, además de la llamada trampa de la pobreza, una situación donde los preceptores de estas rentas prefieren no trabajar porque perderían el subsidio. Se genera un peligroso efecto de dependencia; de cronificación de las ayudas; el síndrome del animal en cautividad. Otro aspecto negativo, es el agravio comparativo con el resto de la población que ha de trabajar.
No obstante, la actual crisis ha puesto en evidencia la absoluta necesidad de los subsidios de rentas. Sin ellos, la pobreza severa; la marginalidad, y los brotes de violencia hubiesen crecido al ritmo exponencial del virus.
No podemos olvidar tampoco que, pese a todo, una buena parte de la ciudadanía se posiciona de manera contraria a los programas de rentas mínimas, incluso con cierta agresividad; a veces, alentada por discursos de confrontación social con rasgos xenófobos. Esta crisis nos da argumentos para vencer esas resistencias, siempre que la condicionalidad de las ayudas quede bien definida.
La crisis también revitaliza el debate de la «Renta Básica Universal», que ha sido defendida, con matices, desde diferentes espectros ideológicos. El futuro puede ir por ahí. El hecho de que la renta sea para todos, y la constatación de que la robotización de los procesos productivos hace imposible el acceso a un trabajo para muchos, son factores determinantes. En este sentido, Finlandia puso de manera experimental, para 2.000 beneficiarios elegidos al azar, un ingreso de 560€ sin ningún tipo de condición, y compatible con el empleo.
El resultado del experimento, de dos años de duración, se ha conocido en febrero de este 2019, y arroja la conclusión de que estas personas siguieron buscando empleo igual que los que no percibían el ingreso, pero se beneficiaron con «menos síntomas de estrés; menor dificultad para concentrarse, y menos problemas de salud, además de mayor confianza en el futuro».
Pablo Castro Abad es editor-adjunto de EL TRAPEZIO y licenciado en Ciencias del Trabajo
