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Con el presupuesto estatal ya aprobado y la «controversia» de la tarifa eléctrica todavía rondando entre los partidos de izquierda, el Gobierno de António Costa anunció un aumento salarial de al menos siete euros mensuales para los funcionarios que cobren el salario mínimo o cerca del mismo. Estos 7 euros para los empleados de la función pública se suman a los 35 euros de subida -al comienzo de año- del salario mínimo para trabajadores en general.

Los principales beneficiarios serán las categorías más bajas de la administración pública. Cerca de 150.000 trabajadores, con un salario aproximado de 635 euros, verán su nómina aumentar. Pocos, envejecidos y mal pagados. Este es el retrato de los funcionarios portugueses.

Esta propuesta salarial del Gobierno se ha presentado a los sindicatos de la administración pública, pero estos afirman que este aumento sigue siendo insuficiente porque deja fuera a los técnicos superiores. Para la presidenta de la STE (Unión de Cuatros Técnicos del Estado), Helena Rodrigues, se trata de una propuesta inaceptable y presentará una contrapropuesta que permita la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos. La posibilidad de huelga no está descartada aunque, según Rodrigues, todavía es «pronto» para valorar esta forma de lucha.

«El gobierno está dispuesto a llegar a un acuerdo con los sindicatos», sostiene la ministra de Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social Ana Mendes Godinho. El impacto en el presupuesto, que será el primero con superávit en la historia de la democracia portuguesa, aún no se conoce, pero se estima un coste de 715 millones de euros.

Las actualizaciones salariales -de los tres primeros meses del año- se pagarán con carácter retroactivo. En abril, estos aumentos también van a beneficiar a los jubilados con pensiones más bajas.